El presidente Luis Arce planteó este lunes tareas para construir una ruta crítica para el cambio estructural del sistema judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hizo referencia al tema en el acto oficial de inauguración del año judicial y constitucional 2022 en Sucre.

“La inauguración del año judicial y constitucional 2022 es un momento trascendental que debe servirnos para evaluar objetivamente el estado de situación de la administración de justicia en nuestro país. Esa reflexión impone, además, la urgente tarea de transformar un sistema que es todavía una asignatura pendiente en el proceso de construcción de nuestro Estado Plurinacional”, aseguró.

Indicó que el pueblo boliviano determinó con su voto la recuperación de la democracia, por lo que corresponde ahora  hacer los mayores esfuerzos para cambiar la justicia con acciones concretas, decisiones y sanciones dentro de un debido proceso y acorde a la normativa

“Como Estado tenemos la misión ineludible de hacer realidad la demanda de memoria verdad y justicia, especialmente para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. Una justicia que permite la impunidad, atenta contra la paz social y el Estado de derecho y su estabilidad”, aseveró.

Enfatizó que, mediante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Gobierno nacional está trabajando desde la gestión 2021 en la propuesta de la reforma judicial con pleno respeto a los principios constitucionales, de independencia, coordinación y cooperación entre órganos de poder.

Dijo que el proceso incluye a distintos actores como los operadores de justicia, universidades, colegio de abogados, organizaciones sociales y sociedad civil organizada. Reafirmó que en marzo se llevará adelante la cumbre nacional de justicia en marzo.

“Presentaremos y discutiremos con los diferentes sectores de nuestra sociedad los resultados del trabajo preliminar y definiremos la ruta crítica que determinará las acciones necesarias para lograr el cambio estructural del sistema judicial”, señaló.

Indicó que existe el desafío para alcanzar la reforma. Dijo que una primera tarea es la reconstrucción de la concepción de la justicia como un servicio público y un derecho fundamental.

“El acceso a la justicia es tan importante como el derecho a la salud y la educación, el que protege la libertad, la dignidad y el honor, la propiedad y otros derechos esenciales de la persona como la individualidad, también como una parte de una sociedad y comunidad”, aseveró.

Explicó que en el Estado plurinacional se deben hacer efectivos los derechos colectivos como los individuales.

“No hay mejor política social que entregar al pueblo boliviano un mejor servicio de justicia. Ese es el compromiso que tenemos: hacer realidad una reforma judicial  que deje de ser un discurso y se convierta en hechos concretos para beneficio directo de la población boliviana”, explicó. 

“Tenemos la certeza de que Bolivia puede convertirse en un modelo de justicia en la región latinoamericana. Esta reforma judicial será del pueblo y para el pueblo. Que el 2022 sea el año de la transformación de la justicia para que se ponga definitivamente al servicio de la constitución, las leyes y, sobretodo, el pueblo boliviano”, agregó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, reafirmó que el 2022 se debe trabajar para cumplir con la promesa de lograr una reforma judicial en el país.

“El año 2021 ha estado marcado por la frase: Memoria, Verdad y Justicia. Recibimos el reto de transformar la justicia. Este compromiso no puede quedar como una deuda”, aseveró Lima.

Asimismo, el Ministro recalcó que el Gobierno es respetuosos de la independencia judicial y ese es el mensaje que tienen los cuatro órganos del Estado.

“Los cuatro órganos del Estado están presentes acá con un mensaje claro de independencia de la justicia; la independencia es un valor constitucional que se traduce también en la cooperación, la cooperación entre todos los órganos para garantizarle justicia al pueblo boliviano”, dijo.

Afirmó, asimismo, que como pocos Gobiernos, la actual gestión de Luis Arce demostró su compromiso con garantizar la independencia judicial.

“Creemos en la independencia judicial; este es un gobierno que como pocos ha invitado a organismos internacionales a acompañar sus acciones y el proceso se reforma; hemos invitado a la CIDH, al relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Daremos un paso fundamental con la llegada del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, la segunda semana de febrero, antes de la Cumbre por la Justicia que se realizará en marzo”, acotó.