El Gobierno boliviano, a través de la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renée Castro, afirmó hoy que las personas que decidan no vacunarse deberán pagar por sus pruebas PCR, mismas que no deberían exceder de 500 bolivianos.

“Las personas que decidan no vacunarse van a tener que acceder directamente a las pruebas PCR y pagar por su costo porque el sistema de salud no puede pagarle la prueba a una persona que la necesita para ir al cine porque otra persona necesita para poder garantizar su acceso al sistema de salud”, manifestó la autoridad, según el reporte de radio Fides.

En las últimas horas, Iglesias evangélicas y hasta el Comité Cívico de El Alto anunciaron una serie de medidas en rechazo al decreto  4641, que establece la presentación del carnet de vacunación para realizar trámites, viajes, movimientos bancarios o para acceder a instituciones y servicios públicos y privados. En  ausencia del certificado, según la norma, se debe presentar una prueba PCR negativa realizada en las últimas 48 horas.

“El decreto surgió de la demanda de sectores  como la Central Obrera Boliviana, los fabriles, transportistas y otros, para garantizar que mientras más rápido se vacune la población,  haya  menor probabilidad de entrar a medidas restrictivas. Hay que ser muy claros, son los  sectores los que pidieron la vacunación, al igual que los gobiernos subnacionales. Es  una demanda unánime”, insistió Castro sobre las protestas en contra del Decreto.