El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó que la reforma judicial no es ni será producto del trabajo de "cuatro personas con posible sesgo político", sino que surgirá de los aportes del pueblo en la cumbre de marzo de 2022 con base en el diagnóstico realizado en la presente gestión y las recomendaciones de organismos internacionales.

“Lo ha anunciado el presidente Luis Arce en su informe presidencial y este es el compromiso que tenemos, una reforma judicial que deje de ser algo de cuatro personas y que tenga sesgo de ser solamente un trabajo político; esta reforma es del pueblo, es de la gente, es de todos los que están afectados por actos de injusticia”, manifestó.

El fin de semana la autoridad confirmó que en marzo de 2022 se desarrollará la cumbre judicial para demarcar el trabajo a nivel nacional en el marco de la reforma judicial, con base en los insumos de las recomendaciones realizadas al país por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). Además del diagnóstico realizado por esta cartera de Estado durante la presente gestión en los encuentros departamentales para socializar la propuesta de los seis ejes de la reforma y los lineamientos establecidos en la cumbre de 2017.

“Vamos a escuchar al país, para terminar el mes de marzo con base en las recomendaciones internacionales que nos urgen para transformar la justicia en una cumbre nacional”, indicó el Ministro de Justicia.

Respecto a las recomendaciones establecidas por el GIEI y CAT, el titular de Justicia resaltó coincidencias en ambos informes internacionales, como la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en 2019, así como el desmantelamiento de grupos paramilitares y parapoliciales que se activaron durante el movimiento golpista de ese año.

“Ambas instancias internacionales nos plantean un compromiso como Estado para destruir la impunidad y que logremos dar justicia a todas esas personas que han perdido a sus familiares y otros que están con heridas que en este momento que no les permiten ni trabajar”, indicó Lima en referencia a los familiares de las víctimas mortales de las masacres, y los heridos y torturados de noviembre de 2019.