El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, anunció hoy que la bancada de su partido en el Senado analiza la posibilidad de suspender el tratamiento del Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“Lamentablemente algunos compañeros de la derecha se han dado el lujo de mal informar al pueblo, por eso estamos en plena evaluación de que se suspenda”, aseveró.

Loza, no obstante, no confirmó que la suspensión del tratamiento y reiteró que eso está en “plena evaluación”.

Eso sí, aseguró que la Ley es una necesidad no solo a nivel nacional, sino internacional y aseveró que muchos países ya tienen aprobadas leyes similares.

En ese sentido, el senador del MAS, Miguel Pérez, en contacto con Erbol, afirmó que el tratamiento de la Ley fue suspendida y llamó a la cordura a los diferentes sectores “para que también no conflictúen el país”.

“Por recomendación del hermano presidente Luis Arce, a partir del día de hoy se hace la convocatoria a todos los sectores sociales en conflicto a que tengan que pasar por la comisión de justica y legislatura”, detalló.

El Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas generó el rechazo de diversos sectores sociales y económicos, entre ellos el de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y hasta la prensa.

La posición del Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) aclaró que el objeto del proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales” es establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), leyes, tratados y convenciones internacionales.

Según un comunicado de esa cartera de Estado, la norma tiene la finalidad de prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencional.

“En consecuencia, el MEFP reitera a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y todos los entes que cuestionan la mencionada norma que la misma se encuentra en observancia a la CPE y no vulnera ningún derecho o garantía constitucional, garantizando el derecho a la propiedad, el cual se encuentra protegido por el Estado, siempre que provenga de un origen legítimo”, señala ese reporte.

De acuerdo con MEFP, el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte de convenios, acuerdos y tratados internacionales, para luchar y combatir delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

“Lo hace en forma coordinada y conjunta entre todos los países del mundo, entendiendo que éstos delitos tienen un carácter transnacional para lo cual se precisa de un instrumento legal, no sólo para dar cumplimiento a dichos acuerdos, sino para frenar actos que afectan la economía y a la sociedad en su conjunto”, indicó.

 “El proyecto de ley respeta los derechos constitucionales referidos al debido proceso, por cuanto los actos de inteligencia financiera no son aplicados de manera discrecional, sino que devienen de un procedimiento previo de reporte de operación sospechosa (ROS), para que la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) efectué un análisis de inteligencia y en su caso de que se cuente con los elementos suficientes, dicho caso será remitido al Ministerio Público para su respectiva investigación”, enfatizó el MEFP.