La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió hoy que la Asamblea Legislativa, en particular la Cámara de Senadores, suspenda el tratamiento del Proyecto de Ley  contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

A través de un comunicado, la CEPB expresó su preocupación por el contenido de dicho proyecto de Ley, pues, asegura, contiene artículos “que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, ponen en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.

“La decisión del Gobierno Nacional de incorporar en nuestra legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe.  Incluso la investigación por la presunta comisión de cualquier delito, debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden”, señala el texto.

En ese sentido, la CEPB resalta que la “posición crítica de más de una veintena de organizaciones de la sociedad” a la Ley imponen al gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan atender la preocupación de los sectores interesados.

“Las serias falencias e impactos que tendría esta Ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento, a quienes hemos hecho llegar el detalle de nuestras observaciones puntuales, en días pasados. Estamos seguros que las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía que, en definitiva, es la razón de ser y el bien mayor que todos perseguimos”, finaliza el comunicado.

Entretanto, desde el Ministerio de Economí se ratificó que la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE), leyes, tratados y convenciones internacionales y no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.