La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo este lunes que el Gobierno nacional garantiza el derecho a la información, a la comunicación, a la labor periodística y a la libertad de prensa,  “a diferencia del régimen de Jeanine Áñez”.

“Como Gobierno, garantizamos el derecho a la información, a la comunicación, al ejercicio periodístico, a la libertad de prensa; no tenemos periodistas perseguidos, no tenemos periodistas detenidos”, indicó la autoridad gubernamental en entrevista con medios estatales.

Hizo referencia al tema tras un pronunciamiento del 29 de agosto de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sobre la vigencia de los derechos constitucionales de expresión, de prensa y de opinión.

“No hemos visto en este Gobierno democrático, en este Gobierno del presidente Luis Arce, periodistas detenidos, periodistas aprehendidos solo por publicar a través de las redes sociales y que se los vaya mostrando como delincuentes, vulnerando todos sus derechos”, aseguró Alcón.

Recordó que días después de que Jeanine Áñez tomara el Gobierno en noviembre de 2019, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó y reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea del gobierno de facto, ya que eran considerados sediciosos.

En aquella oportunidad, Lizárraga indicaba: “La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”.

La viceministra Alcón indicó que durante el Gobierno de Áñez algunos medios no aplicaron el equilibrio informativo respecto a lo que sucedía en el país tras el golpe de Estado de 2019.

Citó el caso de Página 7, impreso que mediante el editorial “Senkata, Hiroshima, Dresden y el terrorismo” del 27 de noviembre intentó posicionar la narrativa de que en la masacre del 19 de noviembre de 2019 vecinos del El Alto intentaron explotar la planta de gas de la zona de Senkata.

Se refirió al caso de Correo del Sur que tituló, el 20 de noviembre de 2019, “Explosión en Senkata pudo causar catástrofe”, texto en el que se hace mención a que vecinos que cuestionaban el régimen pusieron en riesgo la vida de varios cientos de personas y de toda la infraestructura de la planta en unos cinco a 10 kilómetros a la redonda.

“El informe del GIEI  (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) señala de manera clara que nunca se quiso volar la planta de Senkata, que no existían estos elementos. Se han empezado a generar estas desinformaciones que han sido amplificadas. Y, cuando hablamos de responsabilidad y de equilibrio, nos referimos a eso, por qué no se tenía en la misma proporción la contraparte de las personas de distintas organizaciones que reclamaban y que han buscado medios alternativos, las redes sociales para expresar y evidenciar los hechos que estaban sucediendo”, mencionó.

Un frente de investigación que empezó a desarrollarse en enero de este año está relacionado a los hechos de violencia contra la prensa. El GIEI-Bolivia recolectó los testimonios de profesionales de prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es equilibrio informativo, aquello que es básico: parte y contraparte”, manifestó la Viceministra de Comunicación.

“Acá se respeta la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación como un bien común, como un derecho de todos los bolivianos”, acotó.

A eso se suma, dijo,  que el 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231, mismo que estableció: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Alcón recordó que el Artículo 106 de la Constitución determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, se lee en parte.

El texto añade que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

// ABI