El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, enumeró este domingo ocho diferencias entre el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de de Jeanine Áñez, y la actual distribución de recursos hecha al gobierno del presidente Luis Arce.

“Esto no es un crédito, porque las diferencias entre lo que hicieron las autoridades del ‘gobierno de facto’ y lo que ha ocurrido ahora es diametralmente distinta. He hecho ocho diferencias para que la gente entienda que esto no es un crédito, sino una distribución de recursos. No porque sean DEG (Derechos Especiales de Giro) se trata de un crédito, todas las operaciones que hace el FMI con un país las hace en DEG; en este caso, la distribución de estos recursos ha sido una decisión de su junta de gobernadores, que hace posible esta asignación para el país”, explicó en entrevista con medios estatales.

La autoridad indicó que en primer lugar, el Gobierno nacional no solicitó ningún recurso al FMI, al contrario de lo que pasó en el gobierno de Añez que sí solicitó, con notas, un crédito.

Detalló que en este caso, la distribución de recursos no dependía del FMI, sino de la junta de gobernadores que la componen todos los países que tienen representación en el organismo internacional.

Montenegro señaló que otro elemento diferenciador es que no existe ninguna obligación por parte del Gobierno nacional de enviar una carta para solicitar esos recursos; en cambio, en el gobierno de Añez tanto el exministro de Economía, José Luis Parada, como el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, mandaron una carta, incluso estableciendo ellos mismos las políticas a las que iban a someter al país para adquirir esos recursos.

Otro elemento, indicó, es que la operación de distribución de recursos no fue hecha solamente para Bolivia, sino para todos los países, situación que no compromete las rentas del Estado; a diferencia de la anterior operación en la que sí hubo un compromiso para obtener recursos.

“El exministro Parada comprometió las rentas del Estado enviando una nota, habilitando un pagaré de Estado, una fe del Estado para tal propósito, nosotros no mandamos nada. Esta es una asignación, no es un crédito, es una distribución, incluso esto incrementa nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN)”, aseveró.

Montenegro indicó que para esta operación no fue necesario que el Ministro de Economía haga una nota comprometiéndose a aplicar políticas fiscales contractivas, ni ninguna política fiscal que corrija las finanzas públicas y que no es necesario devolver los recursos; en cambio, en la anterior operación sí existía un cronograma de fechas para devolver, en forma de cuotas, amortizando el interés y el capital en determinadas fechas.

“Comprometer un pagaré es comprometer un papel del TNG y si no cumples eso el FMI se lo puede llevar, eso es lo que ha hecho una autoridad en el gobierno de facto, esas son las diferencias que se deben aclarar”, enfatizó.

También dijo que para la llegada de esos recursos no es necesaria la aprobación de un Decreto Supremo, tal como lo hizo el gobierno transitorio que proyectó una norma para ello.

Asimismo, indicó que no es la primera vez que ocurre una asignación por parte del FMI al país, sino que ya ocurrió en 2009 en el marco de la crisis financiera internacional.

El pasado martes, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el país recibió 326,4 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) “con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19”.