El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, podría acceder a la libertad condicional con el previo pago de una fianza de 250 mil dólares, según el reporte de Bolivia TV.

Murillo, exministro durante el Gobierno de Jeanine Añez, tendrá una nueva audiencia el próximo 9 de septiembre, fecha en la que finalmente podría decidirse su situación legal.

“En las siguientes horas es poco probable (que salga, pero) han logrado un acuerdo preliminar sobre el monto de la fianza y ahora tiene que pagar la fianza que es de 250.000 dólares, tan pronto pague, es posible que salga en libertad”, dijo el abogado Daniel Pulecio a Bolivia TV, desde Miami (Estados Unidos).

La exautoridad está acusada por los delitos de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.

El exministro del Gobierno de Jeanine Añez podría afrontar hasta 20 años de cárcel, en un caso que es seguido de cerca por las actuales autoridades bolivianas, quienes ya adelantaron que pedirán su extradición.

Murillo está detenido desde el pasado 22 de mayo. Es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso referido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Por el caso, también fueron detenidos el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, y los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años; Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48, quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro empleado gubernamental boliviano que no fue identificado.

Según la acusación, los Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia para promover el esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Estos ilícitos, según la Fiscalía, se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, "obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia".

Se trataba específicamente de un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para enviar al país gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

También, precisa la denuncia, los tres estadounidenses organizaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez.