La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron los requerimientos emitidos por la Fiscalía a medios de comunicación de Los Yungas que dieron cobertura a los incidentes de hace un par de semanas culminaron con la muerte de un Policía.

“La Misión rechaza los requerimientos fiscales a medios de comunicación de la región de los Yungas que han dado cobertura a los conflictos en los que lamentablemente perdió la vida un policía y otro resulto herido (…) se recuerda que la reserva de la fuente es un derecho protegido por el marco internacional de los derechos humanos y una garantía fundamental para proteger la labor de la prensa y salvaguardar el derecho de la sociedad a recibir información de interés público”, señaló la OACNUDH a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, la misión afirma que los hechos de violencia deben investigarse exhaustivamente y ser debidamente sancionados “sin interferir con el régimen de libertades que resguarda y favorece la actividad de los medios de comunicación en una sociedad democrática”.

Por su parte, las asociaciones de prensa reprocharon que la fiscal Odalis Leonor Peñaranda haya instruido, mediante requerimientos, que directores de medios yungueños entreguen listas de entrevistados y copias de informes periodísticos publicados entre el 3 y 6 de julio.

Ambos gremios señalaron que la decisión fiscal es una flagrante contravención a las normas que regulan la actividad periodística en el país y lamentaron que la fiscal Peñaranda ignore que la labor periodística está protegida por la Constitución Política del Estado (CPE), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y las normas de autorregulación del gremio periodístico, que coinciden en señalar que el secreto en materia de imprenta o difusión es inviolable.

Asimismo, la ANPB y la APLP concluyó que la fiscal Peñaranda se excede en sus funciones al pedir, sin la reflexión necesaria, que Ayaviri, Hubner y sus medios entreguen “listas de entrevistados” y den detalles de su trabajo con fuentes, en una clara actitud de amedrentamiento y presión, lo cual también está prohibido en el Sistema interamericano de Protección de los Derechos Humanos.