La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, entrevistada por medios estatales, afirmó que presentó a la Fiscalía al menos cuatro documentos que demostrarían que en 2019 hubo un Golpe de Estado en el país y que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y a Jeanine Áñez en la conspiración realizada contra el ex Gobierno de Evo Morales.

Salvatierra prestó sus declaraciones voluntarias ante la Fiscalía para coadyuvar en la investigación contra Jeanine Áñez y otras personas por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, ampliados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.

En ese sentido, la primera prueba documental mostrada por Salvatierra se refiere a que los militares hicieron saber al entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, que ya no podría usar el avión presidencial, pese a que era su Capitán General.

La segunda prueba se refiere a la comunicación escrita de jefes militares en sentido de que los uniformados, por orden de alguien que se investiga, determinaron iniciar operaciones de neutralización en Challapata (Oruro).

“Antes de sugerir la renuncia de Evo Morales, (las FFAA) le dicen, le pasan una nota donde le dicen ‘A partir de este momento, cualquier uso del avión presidencial debe ser autorizado por las Fuerzas Armadas’. Y, además, circula una nota del propio Comando donde dice ‘en cumplimiento del mandato constitucional y las leyes se ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley. Estos sobrevuelos se realizan en Challapata’. Y de estos sobrevuelos, el presidente Evo Morales no había autorizado absolutamente nada", dijo.

“Estos dos acontecimientos ponen en evidencia que ya las FFAA estaban actuando al margen de la institucionalidad del Estado y el respeto al Presidente Constitucional del Estado, es por eso que después piden la renuncia”, indicó Salvatierra.

La tercera prueba presentada por el expresidenta del Senado ante los fiscales, tiene que ver con una orden emitida por jefes militares el 11 de noviembre de 2019 para que se retire y se aliste la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Aseguró que esta solicitud de los militares se realizó un día después de que una reunión entre los emisarios de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, embajadores extranjeros y la jerarquía católica, definió, el 10 de noviembre de 2019, que Jeanine Áñez sea la presidenta de Bolivia y hasta la llamaron por teléfono para ofrecerle el cargo.

La reunión, afirmó, se realizó en la Universidad Católica Boliviana (UCB) sin presencia de delegados del Movimimento Al Socialismo (MAS).

“El 11 de noviembre, mientras a nosotros nos invitan a una mesa de diálogo, aquí tengo el acta, retiran la medalla presidencial del Banco Central. Aquí tengo el acta de retiro: ‘en la ciudad de La Paz, el 11 de noviembre de 2019, atendiendo la solicitud de Casa Militar, en fecha 11 de noviembre’. Los militares acompañaban (la medalla) la resguardaban y le brindaban protección a las 15h30 del 11 de noviembre”, aseveró.

“Es decir, ya había la decisión de que Jeanine Áñez asuma el 10 de noviembre e intentaron llevarnos a nosotros para intentar legitimar esa decisión”, acotó.

La cuarta prueba presentada tiene que ver con una carta enviada por Áñez en la que ella firma como presidenta interina del Senado pese a que su elección se realizó sin quórum, al margen, dijo, del reglamento de debates y sin presencia del bloque mayoritario conformado por asambleístas del MAS.

En esa misiva dirigida al comandante de las FFAA, Williams Kalimán, Áñez le solicita que resguarde la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir que se impida el ingreso de asambleístas del MAS, dijo Salvatierra, quien luego fue impedida de ingresar al Legislativo.

Finalmente, Salvatierra enfatizó que las renuncias de autoridades en 2019 fueron motivadas por la extrema violencia y torturas contra sus familiares; que tanto Mesa como Camacho definieron que nadie del MAS debía asumir la presidencia del país; que la reunión en la UCB, sin ninguna competencia legal y en ausencia del MAS, determinó el 10 de noviembre de 2019 que Jeanine Áñez sea la presidenta de Bolivia y que la jerarquía católica asumió un rol político en esa coyuntura.