A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio del dirigente vecinal, Jesús Vera, respecto a que la Federación de Juntas Vecinales de La Paz intervendrá de “manera pacífica” las clínicas privadas para ejercer el “control social” ante las denuncias de cobros excesivos por sus servicios y de falta de pago a sus trabajadores en estos establecimientos médicos.

La entidad defensorial, en ese sentido, advirtió que la toma o intervenciones de centros que prestan servicios de salud en el ámbito público o privado por parte de particulares, debe considerarse como una medida de hecho y “es un acto que pretende sobreponerse a las atribuciones y competencias de instancias estatales, que indudablemente afecta al Estado de derecho y la institucionalidad de las instancias competentes”.

Asimismo, señala que ese tipo de actos no puede atribuirse al control social previsto en la Constitución Política del Estado y la Ley 341 de Participación y Control Social, que es una competencia estatal, y por el contrario lo deslegitima, por tanto, “ningún particular puede hacer tomas de instituciones para hacer valer sus derechos”.

“La Defensoría del Pueblo, ante la amenaza realizada por el dirigente vecinal, exhorta a la Policía Boliviana y al Ministerio Público intervenir para impedir cualquier medida de hecho adoptada por particulares y que pueda constituirse en delitos en contra de la salud pública, considerando que este tipo de medidas atentan contra el derecho al acceso de la salud de la población”, añade el comunicado.

Asimismo, la Defensoría recuerda que el Ministerio de Salud, los Gobiernos Autónomos Departamentales, a través de los SEDES, y los Gobiernos Autónomos Municipales son las instancias encargadas de controlar el funcionamiento y prestación de servicios de salud de las clínicas privadas, y que cualquier persona que se considere afectada en sus intereses por un eventual pago excesivo puede acudir a dichas instancias o, en su caso, a esta institución defensorial.