La Defensoría del Pueblo, a través de una nota dirigida al Ministro de Educación, Adrián Quelca, pidió a esta autoridad iniciar de oficio la fiscalización de 18 unidades educativas privadas que fueron denunciadas ante esta institución defensorial por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de inscripción para esta gestión educativa.

“Manifestamos nuestra preocupación dado que se estaría afectando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con determinaciones arbitrarias, bajo el argumento de la voluntariedad de contratos, desconociendo el interés superior del niño”, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Según información oficial de la Defensoría, los colegios denunciados fueron:

• Sagrados Corazones (La Paz) por el cobro al 100% con relación a la gestión 2020 y firma de contrato obligatoria.
• Santa Ana (La Paz) por la firma obligatoria de contrato.
• Instituto de Educación Bancaria               (La Paz) por la firma obligatoria de contrato.
• Don Bosco (La Paz) por el incremento de pensiones, retención de libretas y firma obligatoria de contrato.
• San Calixto (La Paz) por el incremento de pensiones, manejo de dos libretas.
• San Antonio de Padua (La Paz) por el cobro e imposibilidad de inscripción.
• Rosa Gattorno (La Paz) por el incremento en pensiones.
• Unidad Educativa de Convenio “Néstor Peñaranda” (La Paz) por la discriminación por el promedio obtenido en la gestión 2020.
• La Salle Monto (Santa Cruz) por el monto de pensión igual al de la gestión 2020.
• Santa Ana (Santa Cruz) por el incremento de pensiones.
• Reid Shepfard (El Alto) por la retención de libretas.
• Franz Tamayo (El Alto) por el cobro irregular para el ingreso a la gestión 2021.
• Colegio Británico (Tarija) por el incremento de pensiones y firma obligatorita del contrato.
• Jardín de Niños Campanita (Chuquisaca) por la retención de libreta por cobro de pensiones de la gestión 2020.
• Nazareno  (Chuquisaca) por la retención de libreta por cobro de pensiones de la gestión 2020.
• Don Bosco (Chuquisaca) por la selección arbitraria de estudiantes.
• Domingo Savio (Cochabamba) por la firma obligatoria de contratos e incremento de pensiones.
• Santa María (Potosí) por el cobro irregular para la reserva de plazas

“Estas denuncias reflejan la preocupación de los padres de familia ante determinaciones que afectan su estabilidad económica, sobre todo en tiempos de pandemia, por lo que esta institución defensorial reitera el pedido de que el Ministerio de Educación inicie acciones de fiscalización en estas unidades”, finaliza el comunicado de la Defensoría.