El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tratar el proceso contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de terrorismo y sedición, mismo que se estaba desarrollando en la vía ordinaria, informó el periódico Correo del Sur.

La decisión fue asumida a pedido de la defensa del exmandantario - el abogado y actual procurador Wilfredo Chávez- que había solicitado pasar el caso de la vía ordinaría al TSJ, bajo el argumento de que correspondía un juicio de responsabilidades considerando que –en su criterio- Morales seguía siendo presidente al momento de los hechos investigados.

Esto implica que la decisión final de enjuiciar o no a Morales la determinará la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el apoyo de al menos dos tercios de los legisladores.

El proceso surgió por el audio en que se supuestamente se escucha a Morales instruyendo cercar ciudades y dejarlas sin alimento. Dicha grabación correspondería al periodo en que el exmandatario estaba en México durante noviembre de 2019.

La defensa del expresidente tiene la tesis de que Morales seguía siendo presidente en ese entonces, debido a que su carta de renuncia no había sido considerada por la Asamblea Legislativa, aunque ya había asumido Jeanine Añez como presidenta transitoria.

Según reportó Correo del Sur, la decisión en la Sala Plena del TSJ no fue unánime. El caso llegó a la Sala de los magistrados Edwin Aguayo y María Cristina Díaz, que no pudieron resolver el tema y convocaron a un tercer magistrado, su colega de la Sala Civil, Juan Carlos Berríos.

El mencionado medio conoció que Díaz, en base a un análisis técnico jurídico, dispuso que el caso continúe tramitándose en la vía ordinaria, debido a que no existe un requerimiento del Fiscal General del Estado y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea considerado como un juicio de responsabilidades en el alto tribunal de justicia del país.

Sin embargo, su colega Aguayo votó porque el juez del Tribunal Departamental de La Paz se inhiba de conocer esta causa y remita la denuncia al TSJ para que se tramite como juicio de responsabilidades.

Ante la existencia de dos proyectos divergentes, se convocó al magistrado Berríos, quien respaldó la posición de Aguayo, con lo  que la Sala Penal resolvió ordenar al juez de La Paz inhibirse de conocimiento y que la substanciación del proceso pase a la Sala Penal del TSJ.