Tras cinco meses de trabajo, la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la situación de las empresas públicas administradas por el órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado, remitió su informe final al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recomendando iniciar acciones legales contra autoridades y servidores públicos por incumplimiento de deberes, además de remitir una copia del informe a la Fiscalía y Contraloría General del Estado para proceder con acciones legales correspondientes.

La Comisión Especial, conformada el 25 de mayo de la presente gestión, lamentó que tropezó con la falta de colaboración e información de las autoridades y funcionarios designados por el Gobierno transitorio en las empresas investigadas, entre ellas ENTEL, YPFB, ENDE y BOA, hecho que retrasó y entorpeció el trabajo de fiscalización de los asambleístas.

Las investigaciones en el caso ENTEL determinaron un presunto daño económico al Estado que asciende alrededor de Bs 2.132,005 (Dos Millones ciento treinta y dos mil cinco  00/100), provocado en la gestión de Elio Montes como Gerente General de la empresa estatal en hechos irregulares como el pago de Hospedaje y consumo extra en un hotel de cinco estrellas de la zona Sur de La Paz, la cancelación de finiquitos a 13 funcionarios de la gestión de Montes, la incrementación de 14.94% y 55.56% en bonos, refrigerios y transporte y el Auspicio a un piloto de carreras de autos por $us 160.000,00.

En el caso de YPFB, a la conclusión del trabajo de la Comisión, la Máxima Autoridad Ejecutiva se negó a brindar información en relación a 17 notas en la que se le requería información y documentación de posibles hechos de corrupción, que incluyen anulación, resolución de procesos de adjudicación de diferente naturaleza y perfiles de cargo de los funcionarios.

El posible daño económico que se habría generado en contra del Estado y que el Presidente de YPFB no quiso explicar ascendería a una suma de, solo en procesos de contratación, Bs 947,880,009.73, entre los cuales se menciona el contrato de seguros Credinform, contratos Millonarios por la compra de aditivos de origen vegetal por la emergencia Sanitaria, la 8va. Adenda con PETROBRAS y contrato de Servicios de Refrigerio y Limpieza vigentes a la fecha.

Dentro en el caso BOA se investigó la reducción de rutas, contratación de servicio de catering, transporte y otros contratos con presuntas irregularidades, entre ellas el contrato con la empresa Cisneros Interactive Bolivia S:.R.L, provocando un supuesto daño económico al Estado de Bs 1.500.000,00 (un millón quinientos mil 00/100 bolivianos).

El último caso de investigación fue la intención del Gobierno Transitorio de privatizar ENDE, por lo que se envió al Presidente Ejecutivo a.i.  de esta instancia, José Gastón Eugenio kreidler Guillaux,  tres notas de fecha 23 de junio de 2020, solicitando informaron sobre la Adquisición de bienes inmuebles, procesos de contratación  y su posible privatización, solicitud que fue negada bajo el argumento que al tratarse de dos órganos independientes de Estado corresponderá dirigir la solicitud a través de las presidencias de cada Cámara, desconociendo el rol  fiscalizador de los asambleístas que conforman la Comisión.

La comisión Especial al no haber recibido la documentación por parte de las empresas decidió por mayoría de votos la denuncia por incumplimiento de deberes a las siguientes personas: Gerente General de ENTEL, Eddy Luis Franco Nogales; Presidente Ejecutivo de YPFB, Richard Botello Hiza; presidente ejecutivo de ENDE, José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux; ministro de Energías, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao; y al Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo.

El pleno de la ALP resolvió dar curso a las recomendaciones de la Comisión y remitir una copia del informe a la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado para que se proceda con las acciones legales que correspondan.