El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó hoy que el Gobierno presentó una denuncia penal en contra de la jueza décimo de instrucción cautelar de La Paz,  Lorena C. R., que benefició con detención domiciliaria a María Eugenia Choque, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En conferencia de prensa, Melgar aseveró que la juez incurrió en los delitos de prevaricato y resolución contraria a la Constitución, pues habría hecho caso omiso al pedido de la Fiscalía de ampliar el tiempo de detención preventiva de la exautoridad electoral.

Señaló, en ese sentido, que la Fiscalía pidió ampliar la detención preventiva de Choque el 7 de septiembre, pero la Juez decidió dar lugar al pedido de la cesación de la detención que hizo la expresidente del TSE recién el 9 de septiembre.

Asimismo, señaló que en su pedido, Choque no hizo mención a que se cumplió el plazo establecido para su detención preventiva, sino que apeló a otros elementos, por lo que cuestionó que la decisión de la jueza se haya basado, precisamente, en que se cumplió el tiempo establecido para el encarcelamiento de la exautoridad.

 “El MAS tiene su estructura en el Órgano Judicial. No podemos construir una justicia proba ni efectiva si tenemos este tipo de elementos administrando justicia”, denunció Melgar en conferencia de prensa.

Además, Melgar señaló que el pasado viernes se suspendió la audiencia de apelación a la detención domiciliaria de Choque, porque la misma jueza no había redactado aún su resolución, razón por la que también se le iniciará otro proceso por incumplimiento de deberes, sumado a la acusación por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Ya la pasada semana, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, había señalado que la Fiscalía pidió ampliar el tiempo de detención de Choque debido a que las investigaciones referidos al presunto fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019 se retrasaron, entre otros motivos, por la pandemia del coronavirus.

Choque fue enviada al penal de mujeres el 10 de noviembre de 2019, después de conocerse un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre presuntas irregularidades en el cómputo de las elecciones del 20 de octubre.