Este miércoles, el Gobierno boliviano presentó dos nuevas denuncias penales contra ex autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS), incluido el expresidente Evo Morales.

Por un lado, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que presentará una demanda penal contra Juan Ramón Quintana- ex ministro de la Presidencia en el Gobierno de Morales- y también contra el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando Sánchez, por supuestamente transferir recursos públicos para comprar medios de comunicación que fueran afines a su Gobierno.

"Como Ministro de la Presidencia, presentaré la denuncia contra Juan Ramón Quintana, quien entonces fungía como titular de esta cartera de Estado, pero también contra Rolando Sánchez Serrano, quien era el director de la UPRE", confirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

Detalló que ambas personas serán acusadas por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según el ministro Núñez, Quintana era el articulador de una "estructura criminal de poder", que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas "para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión".

"Con todo esto, queda claro que había un cártel de la mentira (...) comprado por Evo Morales de manera dolosa; pues ahora vemos que los recursos servían para comprar medios de comunicación para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas", insistió.

La decisión de procesar a Quintana y Sánchez, dijo, se asumió luego que salió a la luz un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que reveló el uso de recursos públicos, transferidos a privados para la compra de acciones de la empresa televisiva ATB y otros medios de comunicación.

Horas más tarde, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó otra denuncia penal contra Evo Morales Ayma, Juan Ramón Quintana y otras exautoridades por los delitos de lesa humanidad en el extinto caso Terrorismo.

“Se acabó la infamia del montaje del caso Terrorismo I y II que Evo Morales y García Linera armaron para someter y humillar a Santa Cruz. Hoy presente denuncia penal para que el y sus cómplices rindan cuentas X sufrimiento causado centenares de familias” (sic), señaló Murillo a través de su cuenta de Twitter.

En la mañana, en conferencia de prensa, Murillo había informado que el Ministerio de Gobierno se retiró del caso denominado "Terrorismo II" porque considera que este proceso fue "armado" por el anterior gobierno para debilitar a su oposición política en Santa Cruz.

"El Ministerio de Gobierno retiró la acusación del Terrorismo II y ustedes recordarán que hace varios meses atrás también (nos) retiramos del (caso) Terrorismo I y (luego) ese caso fue cerrado", dijo la autoridad.

La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de policías intervino en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba un grupo de extranjeros.

En el hecho fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores, identificado como el líder del grupo, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, además han sido detenidos y posteriormente encarcelados Mario Tadic y Elöd Tóásó.

Este grupo fue acusado de haber sido trasladado al país por actores políticos de la oposición, para supuestamente dividir al país e incluso intentar acabar con la vida de Evo Morales, quien era presidente de Bolivia.

Luego, en el proceso investigativo que fue dividido en Terrorismo I y II, fueron involucradas decenas de personas y varias de ellas terminaron también encarceladas y otras optaron por salir del país.