Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante los conflictos post electorales de noviembre de 2019.

Según la Defensoría, en los conflictos del 2019 hubo “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental" y "actos de tortura por parte de la Policía Boliviana”.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”,  presentado por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron  37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.

Concluye, además, que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país, pues a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos así como de las operaciones policiales y militares, continúa la persecución a los opositores del actual Gobierno.

“La paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas”, señala la Defensoría.

Asimismo, el informe defensorial señala que las muertes en Sacaba y Senkata durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

En cuanto a las otras diez muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, según el informe defensorial, son “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana”, que además incurrieron en agresiones, asaltos, quema y saqueo de instalaciones policiales vulnerando el derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad de los uniformados.

De acuerdo a los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía Boliviana para restablecer el orden, se le cuestiona el haber cometido  actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019, en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; y en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto.

“Hechos en los cuales se evidencia la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, señala el informe defensorial.

También se observa que las personas detenidas en El Alto, el 11 de noviembre de 2019, fueron presentadas públicamente por la Policía como autores de los hechos delictivos ocurridos esa fecha, sin que hayan sido juzgadas y condenadas en el marco del debido proceso, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia en su dimensión de regla de trato.

Se evidencia, además, que a la fecha no se garantizó el acceso a la justicia a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto que se describen en el informe defensorial, y que los plazos razonables establecidos en la norma penal ya se agotaron “superabundantemente”.

Asimismo, observa que tampoco existe debida diligencia en la obtención y resguardo de la prueba y ni se han identificado a los presuntos responsables de los hechos de violación de los derechos humanos, “situación que a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se agrava en aquellos casos de masacres, asesinatos de lesa humanidad y torturas en las que intervinieron directamente la Policía Boliviana y/o las Fuerzas Armadas”.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

Por otro lado, se observa que las declaraciones públicas de altas autoridades gubernamentales sobre las investigaciones de estos hechos representan un grave riesgo a la independencia de los operadores de justicia, “pues se busca eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Respecto a los ataques que sufrió la prensa, el informe de la Defensoría concluye  que durante los conflictos post electorales del año pasado existió “coacción directa, restricción de circulación, afectación a instrumentos de trabajo y bienes personales, humillación y hechos de discriminación, retención arbitraria, amenazas a la seguridad personal y vida de las y los trabajadores de la prensa e incluso de sus familiares que vulneraron su derecho de ser protegidos por el Estado”.

“La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa, sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como BoliviaTv, Abya Yala, UNITEL, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página Siete, Opinión y Los Tiempos por la falta de protección estatal, vulneró el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación”, señala el documento.

Finalmente, la Defensoría lanza una serie de recomendaciones a diferentes instituciones. Por ejemplo, demanda “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”.

Recomienda, asimismo, la emisión de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad independiente “y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

También recomienda elaborar otra Ley para la reparación integral de las víctimas de los hechos y una ley que establezca sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad a las y los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos sociales y que democratice el acceso a la publicidad estatal.

La Defensora del Pueblo, finalmente, anunció que el informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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