La presidenta transitoria del Estado, Jeanine Áñez, ratificó la invitación del Gobierno boliviano para que una misión de Human Rights Watch (HRW) visite el país, tras la publicación de un informe elaborado por ese organismo en el que acusa al Ejecutivo boliviano de presionar a la justicia para realizar persecución a sus opositores.

Eso sí, Añez cuestionó que esa entidad extranjera nunca emitió un informe respecto a las irregularidades y abusos que cometió el expresidente Morales, durante sus 14 años de gobierno.

"Los invitaría a que vengan a Bolivia, los cuestionaría a ellos, porque durante 14 años ellos no emitieron ningún informe de tanto abuso que ha cometido Evo Morales durante su gestión. Me parece tan absurdo que estén emitiendo este tipo de informes cuando desconocen absolutamente la realidad", declaró la Jefa de Estado, durante una entrevista con el periódico Los Tiempos.

El pasado viernes, Human Rights Watch emitió un informe en el que acusa al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez de “abusar del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, “quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”.

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó su rechazo a ese informe y recordó que las autoridades de la justicia fueron elegidas durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese marco, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, invitó el fin de semana al director de Human Rights Watch para la región, José Miguel Vivanco, a visitar Bolivia.

"Evo Morales ha cometido innumerables abusos en los derechos humanos, entonces ahora vienen a pronunciarse, me parece un verdadero despropósito todo eso", agregó la presidenta Áñez.

El informe

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, sobre todo en contra de las exautoridades y gente cercana al anterior Gobierno del MAS, siempre según Human Rights Watch.

Asimismo, en el informe, Human Rights señala que existen dudas de que en Bolivia haya habido un fraude electoral el 2019 y deplora que Añez haya perdido la oportunidad de reformular la justicia cuando asumió el poder gubernamental.

“La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, señala el informe.

Específicamente sobre las denuncias contra el expresidente Evo Morales, Human Rights señala que no hay pruebas que sustenten las acusaciones por terrorismo contra el exmandatario.

Recuerda que el proceso contra Morales se basa en una grabación de audio en la que supuestamente se escucha al exmandatario ordenar un cerco a las ciudades del país, pero señala que “en esa prueba las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido” en el país durante los conflictos post electoreales de noviembre del 2019.

“Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación”, señala el organismo.