El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, invitó este sábado al director de Human Rights Watch para la región, José Miguel Vivanco, a visitar Bolivia, tras la publicación de un informe elaborado por ese organismo en el que acusa al Ejecutivo boliviano de presionar a la justicia para realizar persecución a sus opositores.

“Creo que el señor Vivanco está equivocado (y en su informe) está hablando del anterior gobierno o le han contado mal la historia, lo mejor que puede hacer es venir a Bolivia, nosotros lo vamos a ayudar con el mayor de los gustos para que se comunique con la gente y conozca Bolivia, es muy fácil hablar cuando uno no conoce", dijo la autoridad.

Murillo, en ese sentido, afirmó que durante Gobierno de Morales se vulneró los derechos de varios sectores de la población, además se intervino movilizaciones y se persiguió a dirigentes y políticos que no estaban de acuerdo con sus políticas.

El pasado viernes, Human Rights Watch emitió un informe en el que acusa al Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez de “abusar del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, “quien enfrenta cargos por terrorismo que, a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas”.

El informe de 53 páginas titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva, sobre todo en contra de las exautoridades y gente cercana al anterior Gobierno del MAS, siempre según Human Rights Watch.

Asimismo, en el informe, Human Rights señala que existen dudas de que en Bolivia haya habido un fraude electoral el 2019 y deplora que Añez haya perdido la oportunidad de reformular la justicia cuando asumió el poder gubernamental.

“La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, señala el informe.

Específicamente sobre las denuncias contra el expresidente Evo Morales, Human Rights señala que no hay pruebas que sustenten las acusaciones por terrorismo contra el exmandatario.

Recuerda que el proceso contra Morales se basa en una grabación de audio en la que supuestamente se escucha al exmandatario ordenar un cerco a las ciudades del país, pero señala que “en esa prueba las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido” en el país durante los conflictos post electoreales de noviembre del 2019.

“Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch – que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica – no dan el menor sustento a esa acusación”, señala el organismo.