El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que, de acuerdo al informe recibido de la Comisión de Fiscales del caso de los 170 respiradores que se compraron en España, se tiene un avance considerable y la investigación está en su etapa final. En las próximas semanas, el Ministerio Público presentará una acusación fiscal para ingresar a la etapa de juicio en contra de todas las personas que son procesadas por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Contra la Salud, Asociación Delictuosa y otros. 

“En el caso de los 170 respiradores que se compraron en España, en este proceso se tiene un avance considerable, se tiene dos personas aprehendidas, Fernando Valenzuela y Fernando Humérez y otras personas que cuentan con detención domiciliaria como Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez, Giovani Pacheco, Alberto Pareja, así como el exministro de Salud, Marcelo Navajas”, dijo Lanchipa. 

La autoridad señaló que en este proceso se ha recibido la declaración ampliatoria de dos de los imputados, Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, quienes aportaron nuevos elementos a la investigación, aunque ninguno transcendental en el fondo de la investigación.

Lanchipa, explicó que se ha dispuesto la pericia de los celulares de todas las personas involucradas a través del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial (IITCUP) y se está a la espera de los resultados. También se ha dispuesto el desdoblamiento de los Cds de las declaraciones correspondientes a los súbditos españoles Pau Sarsanedas, Gerente de la GPA Innova  y de la empresa IME Consulting, Iñaqui García.

El Fiscal General recalcó que la parte central de la investigación ya ha sido identificada, “tenemos la relación de los hechos y hay los suficientes elementos que puedan demostrar la comisión de hechos delictivos de parte de estas personas que han sido imputadas, de tal manera que el Ministerio Público ya va estar en condiciones, en las próximas semanas, de presentar una acusación”.

El ‘caso respiradores’’ está referido a la supuesta compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles por parte del Gobierno boliviano y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y es que el precio unitario de los respiradores oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.

A eso se sumó el hecho de que una Importadora ofreció al Ministerio traer 175 de los mismos respiradores a un precio unitario de 12 mil dólares, pero la oferta fue descartada por esa Cartera de Estado.