El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó diferir el tratamiento de las observaciones realizadas por la presidenta transitoria, Jeanine Añez, a la Ley de Creación del Bono Contra el Hambre, para que sea analizado por la Comisión Mixta de Planificación y Economía, informó la presidenta del Órgano Legislativo, Eva Copa.

“Por las observaciones hechas por el Ejecutivo y para no entrar en ninguna contradicción se aplazó el tratamiento de esta ley y se remitió a la Comisión Mixta de Planificación y Economía para que podamos responder en detalle estas observaciones”, dijo la legisladora una vez concluida la sesión.

Mediante una carta, la Presidenta Transitoria hizo conocer tres observaciones a la norma, que fue sancionada por el Órgano Legislativo el pasado 13 de agosto y otorga un pago único de 1.000 bolivianos a todas las personas mayores de 18 años que no cuenten con un salario del sector público o privado.

Entre las cuestionantes que hizo Añez se encuentra que las fuentes de financiamiento para el pago del bono no pueden ser los créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo como señala en la ley, ya que esos recursos están comprometidos para la reposición del gasto realizado en los anteriores bonos.

Además, señala que el Gobierno se encuentra tramitando un crédito de 100 millones de euros de la cooperación francesa que sumados a los 350 millones de la Corporación Andina de Fomento podrían servir para “el pago de un bono, indistintamente del nombre que podría llevar” , reiterando su pedido de que se apruebe el crédito del Fondo Monetario Internacional.

El análisis jurídico y técnico de esas observaciones será realizada por la Comisión Legislativa mencionada y después de su informe, se volverá a convocar a diputados y senadores para el análisis de esas observaciones.

La Ley para el Bono contra el hambre fue sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 13 de agosto y consiste en la entrega de 1000 bolivianos para madres, discapacitados y personas mayores de 18 años que no perciben un salario fijo del sector privado o público.

En específico, la ley incluye como beneficiarios a las madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal, siendo que este beneficio podrá ser cobrado por una sola vez.

Asimismo, en sus disposiciones finales, la norma señala que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reglamentará y realizará las acciones necesarias para el pago del bono, además, que el Órgano Ejecutivo deberá informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el avance de la ejecución de la ley de forma mensual.

El texto añade que el Bono se debe financiar con créditos a aprobarse del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.