La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por separado, rechazaron los ataques producidos en contra de la Defensoría del Pueblo y solicitaron al Estado adoptar medidas para proteger esa institución.

La primera institución en pronunciarse fue la CIDH, que señaló que, según la información que recogió, incluso se iba a intentar atentar cintra la vida de la defensora del pueblo, Nadia Cruz.

“La CIDH expresa su profunda preocupación ante amenazas y actos de violencia contra funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo por un grupo de personas que, según información, pretendía ingresar por la fuerza al despacho de la Defensora, en La Paz. La información recibida por la CIDH indica que el grupo de personas habrían agredido físicamente, al menos a una funcionaria, quien intentó parar el conflicto. También, dicho grupo habría amenazado atentar contra la vida e integridad de la Defensora del Pueblo”, señaló la Comisión.

La CIDH, en esa línea, recordó que otorgó medidas cautelares en protección de Cruz y pidió al Estado garantizar la seguridad de la Defensoría del Pueblo.

“La CIDH llama al Estado de Bolivia a investigar los hechos, prevenir futuros actos de violencia, proteger a las personas funcionarias de la Defensoría del Pueblo y garantizar las condiciones para que pueda ejercer el rol esencial que tiene como Institución Nacional de DDHH”, señala.

“Finalmente, la CIDH recuerda al Estado que en 2019 otorgó medidas cautelares a favor de Nadia Cruz, solicitando, entre otros aspectos, la adopción de medidas para proteger sus derechos a la vida e integridad personal y garantizar el desempeño de sus labores sin amenazas”, añade la Comisión.

Por su parte, la Oficina de la ONU también rechazó y reprobó el nuevo ataque contra la Defensoría del Pueblo, “ perpetrado por un grupo de personas que irrumpieron en sus instalaciones el día de ayer con el propósito de amedrentar y agredir a su personal, incluyendo a su titular”.

En ese sentido, la ONU reiteró su recomendación de que el Estado debe asegurar que la Defensoría del Pueblo sea protegida “ante cualquier forma de presión, ataques o represalia vinculada a su trabajo” y garantizar  que se investigue “toda agresión y acción intimidatoria en contra de la institución y su personal”.

La Defensoría del Pueblo denunció ayer que “grupos civiles violentos organizados” irrumpieron en instalaciones de esa institución “con el objetivo de atacar y atentar contra la vida y la integridad” de la defensora Nadia Cruz.

“La Institución denuncia que estos grupos, que son los mismos que protagonizaron similares ataques contra la institución en noviembre de 2019, actúan con la permisibilidad del Gobierno y la Policía Boliviana, entidad que debería garantizar la seguridad de la población, a la que se llamó reiteradamente para que envíe un contingente para prevenir estos hechos delincuenciales, sin una respuesta efectiva”, señaló la Defensoría a través de un comunicado.

Según se supo, el grupo que protagonizó los incidentes fue el denominado “Valquiria”, que demandan la renuncia de Cruz por considerar que defiende los supuestos delitos de estupro del expresidente Evo Morales.