Bolivia presentó una queja ante Argentina por lo que considera una injerencia "inaceptable" en sus asuntos internos, a raíz de lo que califica como un pronunciamiento "intencionalmente engañoso" de la Cancillería argentina.

"Mediante nota formal, el Gobierno de Bolivia ha comunicado al Gobierno de Argentina su preocupación y molestia por las declaraciones que constituyen una inaceptable intromisión e injerencia en los asuntos internos de Bolivia", subrayó este miércoles un comunicado de la Cancillería boliviana.

El comunicado surge tras un pronunciamiento emitido por la Cancillería de Argentina, sobre un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) relativo a Bolivia.

El pronunciamiento argentino, sin embargo, "pretende reflejar ante la comunidad internacional una situación diferente a la que señala OACNUDH en su informe", según la Cancillería boliviana.

"El informe de OACNUDH hace una importante distinción entre las protestas pacíficas previas al 10 de noviembre de 2019 y los episodios violentos ocurridos después de esa fecha, cuando Evo Morales renunció a la presidencia", señala.

Asimismo, la Cancillería señala que "Argentina omite por completo mencionar que el informe refiere claramente los episodios violentos ocurridos a partir del 10 de noviembre protagonizados por los partidarios de Evo Morales".

La Cancillería también critica que "a estos violentos, el Gobierno de Argentina ha brindado refugio o asilo", en referencia a que Morales se encuentra desde diciembre en Buenos Aires.

"El informe de OACNUDH señala expresamente que 'el Tribunal Constitucional respaldó la sucesión constitucional' y no configura el cambio de Gobierno como 'golpe de Estado' como artificiosamente expresa la declaración Argentina", añade el comunicado.

La posición de Argentina

El comunicado de la Cancillería de Argentina, que provocó la respuesta boliviana, respaldó el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Bolivia.

"El Gobierno argentino defiende firmemente la democracia en toda América Latina y, en este sentido, resalta la importancia del Informe publicado el 24 de agosto de 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos, tras el golpe de Estado luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia", expresa la Cancillería argentina a través de un comunicado.

El documento de la Cancillería del vecino país agrega que “los relevamientos documentados por la Oficina de la Alta Representante ratifican la convicción del Gobierno argentino sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado que siguió a las elecciones del 20 de octubre pasado en Bolivia, al tiempo que renuevan nuestro compromiso por la pronta recuperación de la legitimidad democrática”.

El informe de la ONU

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el pasado lunes un informe en el que detalla las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas en Bolivia entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre del 2019, en medio de una crisis post electoral enmarcada por denuncias de fraude y que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales – el 10 de noviembre- y la posterior asunción de Jeanine Añez.

En ese sentido, el informe de la ONU da cuenta de un gran número de vulneraciones a los derechos humanos durante todo el conflicto post electoral.

“Alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. El Gobierno ha negado que las fuerzas de seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes”, señala la ONU.

En particular, hace especial énfasis en los operativos policiales- militares desarrollados en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), ya durante el Gobierno de Añez con números fatales: 19 personas muertas entre ambos hechos.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", señaló al respecto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El informe de la ONU, por otro lado, también da cuenta que “otras violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto (La Paz) el 11 de noviembre de 2019, quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía”.

Asimismo, el organismo también pide investigar la agresión a periodistas y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo y expresa su preocupación por atentados a la libertad de expresión, al debido proceso y muestras de racismo.

Finalmente, la ONU también expresa su especial preocupación por la “persecución judicial” de parte del actual Gobierno a ex autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS).