El juez Israel Campero, expresidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aclaró hoy que su fallo que revierte la clausura del año escolar no dispone el regreso a las clases presenciales, como denunció el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

“Es totalmente falso (que se ha dispuesto el regreso a las clases presenciales) Sería una irresponsabilidad que un tribunal de garantías atente contra la salud y la vida de nuestros niños”, aseveró Campero.

El juez, en ese sentido, explicó que el fallo dispone que el Gobierno “provea una política que garantice el ejercicio de este derecho (a la educación), pero no el ingreso a las aulas educacionales”.

Asimismo, campero lamentó los “ataques” en su contra y aseveró que aunque el Ministerio de Educación decida acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el fallo que revierte la clausura del año escolar es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Advirtió que, de no cumplirse la decisión, se generaría responsabilidades.

Las palabras del Juez llegan horas después de que el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunciara que presentará una denuncia contra el y el resto de los vocales de la Sala Constitucional por los presuntos delitos de emitir resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.

Cárdenas, en ese sentido, también ratificó que el Ministerio de Educación acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que “aclare” ciertas ambigüedades que existen en el fallo de la Sala Constitucional Primera de La Paz. Entre ellas, cuestionó que se ponga en un “lugar tan bajo al sagrado derecho a la vida”.

“Esa y otras preguntas tiene que respondernos el TCP y luego veremos los pasos a dar”, anunció.

Para el Ministro de Educación, el fallo dispone el regreso a las clases presenciales y aseguró que ello no se cumplirá hasta no lograr vencer a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Campero recalcó que el fallo no dispone que se vuelva a las aulas, poniendo en riesgo la salud de docentes y estudiantes, sino se establece desarrollar una política pública para garantizar el derecho a la educación.

Entretanto, padres de familia, maestros y alumnos están en incertidumbre ante el veredicto y ya empezaron a surgir demandas de que el estado garantice los medios para desarrollar las educaciones en las modalidades virtual y a distancia.