La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz determinó hoy dejar sin efecto la resolución ministerial que clausura el año escolar y dio un plazo de 10 días para que el Gobierno presente una política pública que garantice el derecho a la educación de los escolares.

“Desde el día de hoy queda sin efecto la clausura del año escolar, porque ese acto estaría lesionando y limitando el derecho a la educación de los estudiantes”, aseveró la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras participar de la audiencia.

La demanda contra la clausura del año escolar fue instaurada por el magisterio y la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias.

En ese sentido, Cruz exhortó a las autoridades del Ministerio de Educación a cumplir el fallo de la Sala Constitucional y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, aunque no de forma presencial para no poner en riesgo la vida de los mismos.

“Ha tenido que ser un Tribunal de Garantías quién le recuerde al Ejecutivo que existe un marco  e internacional que le obliga al Estado boliviano a que si quiere realizar algún tipo de restricción de derechos o limitación de derechos, tiene que ser a través de una norma”, manifestó Cruz.

En ese sentido, la Defensora aseveró que en ese plazo de 10 días hábiles, el Gobierno debe convocar a todos los actores del ámbito educativo, entre profesores, padres y estudiantes, para “poder generar una política pública integral a fin de que se garantice el derecho a la educación en el estado boliviano”.

“Nosotros como Defensoría convocamos al Ministro de Educación a cumplir el fallo, no podemos esperar a que pase la pandemia o llegue una vacuna para garantizar el derecho a la educación. La resolución que clausura el año escolar es un acto administrativo que ha consolidado la vulneración del sector estudiantil”, aseveró Cruz.