En conferencia de prensa, Nadia Cruz defendió la legalidad de su cargo como Defensora del Pueblo y aseguró que los “ataques” del Gobierno a su persona y a Defensoría en general demuestran que al Ejecutivo le “incomoda” ser interpelado y “descubierto” en sus acciones de violación de los derechos humanos y hasta de corrupción.

“La intención de desconocer a Nadia Cruz como Defensora del Pueblo tiene como pretensión neutralizar la Institución Defensorial porque al Gobierno Transitorio le incomoda verse descubierto e interpelado en las violaciones a los derechos humanos que comete; le genera molestia la existencia de una Institución que no ha sido sometida por miedo o dependencia a sus pretensiones de cooptación de poder y, principalmente, porque la población, en especial los sectores más empobrecidos, todavía pueden encontrar una Institución que procurará escucharla y protegerla del arbitrio estatal”, señaló Cruz, al leer un comunicado de la institución defensorial.

Ayer, a través del viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, el Gobierno boliviano informó que se decidió desconocer a Nadia Cruz como la Defensora del Pueblo y, por ende, ya no atenderán ninguna solicitud firmada por esa autoridad.

El Viceministro justificó la decisión asegurando que según las leyes vigentes, el interinato de la Defensora del Pueblo es solo de 90 días y, por eso, el mandato de Cruz ya feneció el pasado 30 de abril.

No obstante, para la Defensoría, la posición del Gobierno demuestra una “mala fe” para desprestigiar a Cruz basándose, afirma, en Leyes no vigentes y no aplicables al cargo de la Defensora del Pueblo.

Según esa institución, la norma vigente no establece una limitación en el interinato para el cargo de Defensor (a) del Pueblo y se mantiene vigente hasta que la Asamblea Legislativa designe a una nueva autoridad defensorial.

“Las declaraciones del Gobierno reflejan la pretensión de dejar al Estado Plurinacional de Bolivia sin Institución Nacional de Derechos Humanos, en ese marco, se le recuerda que la Defensoría del Pueblo es una institución, a nivel mundial, creada para fortalecer a los Estados de Derecho y la democracia que los sostiene, en contraposición a los gobiernos de facto al tratarse de una Institución vigilante del accionar estatal; un desconocimiento a su institucionalidad podría profundizar la crisis política y sanitaria que a la fecha vive el país, pues las bolivianas y los bolivianos ante cualquier conculcación de sus derechos fundamentales se encontrarían en indefensión”, añade la posición de la Defensoría.

Asimismo, Cruz advirtió que el desconocimiento a las solitudes de la Defensoría puede derivar en procesos en contra de las autoridades del Gobierno.

“Si bien resulta comprensible la sensibilidad personal con que se realizaron las declaraciones por personeros del Gobierno Transitorio, se advierte que la Defensoría del Pueblo continuará con su trabajo en el marco constitucional y legal que regula su accionar, y advierte que por cada omisión en responder a los Requerimientos de Información se aplicará el principio de presunción de verdad en favor del peticionario que acude a la Defensoría del Pueblo; asimismo, se recurrirá ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se pueda interpelar a los servidores públicos que obstaculicen el trabajo defensorial y, en su caso, se activarán las vías administrativas, constitucionales y penales”, añadió la Defensora.