El Ministerio Público levantó la reserva en la investigación del, así llamado, ‘caso respiradores’, y dio a conocer algunos detalles que dan cuenta como se “direccionó” el proceso de contratación.

El fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, señaló, por ejemplo, que se descubrió que los respiradores españoles ya fueron reservados, previo pago de 250 mil dólares, un mes antes (el 8 de abril) de que se dé inicio al proceso de contratación.

“El proceso de contratación empezó el 8 de mayo, pero incluso antes del proceso de contratación ya se entregó esa suma. Se verifica el hecho de que estaba direccionada la compra”, aseveró Mejillones.

Asimismo, Mejillones reveló que para “justificar” el sobreprecio, los implicados habrían  “desmantelado” los equipos para poner un costo a cada kit.

Informo que el dueño de GPA Innova, la empresa fabricante de los 170 respiradores, confirmó que todo el equipo fue vendido en 6.600 euros (unos 7.400 dólares al cambio de hoy), pero el exministro Marcelo Navajas presentó la factura que señala 28.080 dólares por cada equipo.

“Es decir, si ha venido el ventilador pulmonar más su kit a 6.600 euros, lo que ellos han hecho es desmantelar los kits, poner a cada kit un precio, cosa que alcance a los 28.080 dólares y ese es el monto que se hubiera facturado, sin embargo, el kit de acuerdo al contrato que se tiene es uno sólo”, explicó.

El ‘caso respiradores’’ fue declarado en reserva el pasado 27 de mayo. Está referido a la supuesta compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles por parte del Gobierno boliviano y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y es que el precio unitario de los respiradores oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares en el mercado, pero el Ministerio de Salud pagó poco más de 27 mil por cada uno de ellos.

A eso se sumó el hecho de que una Importadora ofreció al Ministerio traer 175 de los mismos respiradores a un precio unitario de 12 mil dólares, pero la oferta fue descartada por esa Cartera de Estado.

Por este caso, ya fueron enviados a la cárcel, con detención preventiva, el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; y para el "testigo clave", Fernando Humérez,