El ministro de Defensa, Fernando López, mostró “información clasificada para desmentir y negar que haya existido irregularidades o sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos por parte del Gobierno nacional y en específico del Ministerio de Defensa y de Gobierno.

“Un medio de comunicación, por error o una mala intención, ha informado sobre un supuesto hecho de sobreprecio en una compra .Vamos a demostrar las falsedad, con pruebas”, aseveró López al inicio de su conferencia de prensa.

Acto seguido, mostró diversos documentos que muestran los “errores” en los que incurrió la investigación periodística de Gigavisión.

Señaló, entre otros puntos, que uno de los dos ítems que usó el medio para comparar deducir las irregularidades  nunca fue adquirido.

“Hay un ítem que ni siquiera fue adquirido en la compra (…) No existe ni existió ningún tipo de sobreprecio de manera real”, aseveró López.

Asimismo, cuestionó que se compare los precios con los de la Fuerza Armada de Venezuela y se use datos del 2017 para ese fin.

"Se denuncia que en Venezuela (este gas) cuesta 14 dolares y aquí lo compramos en un valor mayor, pero se basan en un documento del 2017 y los hechos de noviembre fueron en 2019", dijo.

Por otro lado, López también mostró la diferencia entre las granadas adquiridas por el Gobierno y el de otro países, señalando que las adquiridas por el Gobierno son más grandes y con condiciones distintas

“Consulté a las FFAA y la Policía para informar. Esto es información clasificada y tiene que ver con el estado de derecho de las Fuerzas Armadas y la Policía (…) En honor y a través de la transparencia y de cara al pueblo estamos mostrando las pruebas de manera específica, concreta y absolutamente a disposición de quien corresponda, en este caso de la Contraloría”, aseveró López.

Respecto al uso de intermediarios para hacer la compra de los gases lacrimógenos, López explicó que la empresa Cóndor, que vende esos equipos antimotines, no realiza la venta directa y que Bravo Tactical Solutions (BTS) es su intermediara legal en el país.

Finalmente, López señaló que uno de los documentos usados por el mencionado medio sería falsificado, ya que si bien tiene el mismo CITE que el documento oficial, presenta otro tenor.

Al respecto de este último punto, el Ministerio de Gobierno informó que pedirá que se realicen pericias, para determinar si se utilizó un instrumento falsificado.

En ese sentido, López anunció que se ordenó realizar auditorías de esta y otras compras  a través de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa, así como a través de las doce entidades descentralizadas y desconcentradas de esa Cartera de Estado.

Finalmente, el Ministro de Defensa aseveró que firmaría “una y mil veces” los contratos para la compra de equipos que refuercen el trabajo de las FFAA y la Policía.

“La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no va a cambiar. No es delito estar preparados para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico”, aseveró.

Para terminar, el Ministro aseguró que la libertad de prensa está garantizada en el país, pero llamó a los periodistas a verificar la veracidad de la documentación e información que adquieren cuando realizan trabajos de investigación.

Cabe recordar que se armó una gran polémica en torno a este caso, sobre todo por una dura respuesta del Ministerio de Gobierno en contra del periodista Junior Arias, que fue quien hizo las denuncias de las supuestas irregularidades.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno señaló que “no descansará” hasta que Arias “rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas", advertencia que fue duramente cuestionado por la CIDH y la ONU.

Tras la advertencia, ayer se dio a conocer que Arias accedió a una “licencia temporal” para precautelar su seguridad y la de sus familiares, según Gigavisión.