La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció hoy que el Gobierno Nacional incumple con el fallo judicial que dispone el “traslado inmediato” de personas varadas dentro del país y anunció que la presidenta del Estado, Jeanine Añez, así como los ministros de Estado podrían ser procesados. Por incumplimiento de deberes.

El 9 de abril, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó que “de forma inmediata el nivel central del Estado, representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”. Además, dispuso que “la Defensoría del Pueblo coopere con el Ejecutivo para la materialización del primer punto de esta Resolución”; e instruyó que el Gobierno “deberá garantizar el traslado que corresponde en función a los protocolos de salud que sean necesarios, evaluando la pertinencia y urgencia de cada caso”.

No obstante, la Defensora del Pueblo denunció que la presidenta Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Iván Arias; incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

“Se debe considerar que, conforme al artículo 180, parágrafo III de la Constitución Política del Estado, la Jurisdicción Ordinaria no reconoce ningún tipo de fueros o privilegios, por lo cual los ministros de la Presidencia, Gobierno, Defensa, Salud y Obras Públicas, Servicios y Vivienda podrían ser denunciados ante la justicia ordinaria, para que sean investigados y sancionados por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad”, apuntó Cruz.

En esa línea, añadió que “la señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia podría ser sometida a un Juicio de Responsabilidades, en el marco de la Ley 044; aún durante el ejercicio del cargo”.

Según la Defensora del Pueblo, esa institución “hizo todos los esfuerzos durante más de tres semanas para coordinar con el Gobierno el traslado de estas personas, pero no logró la misma respuesta por parte de las autoridades nacionales”.

Precisó que se presentó a varias reuniones, la primera fue el 13 de abril, y la última el 30 de abril, pero las mismas no derivaron en acciones concretas para el traslado de los varados, debido a las constantes evasivas de las autoridades nacionales.

Por ejemplo, apuntó, el 12 de abril el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental remitió una nota a la Defensora del Pueblo expresando que no tomaría acciones en vista de que la resolución del tribunal de garantías “no fue notificada formalmente”.

El 20 de abril, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4222, que establece el procedimiento para el traslado de las personas varadas en municipios distintos a los de su residencia; sin embargo, la Defensora observó que “bajo el pretexto de la emisión de esta norma, los accionados estarían direccionando su responsabilidad a los gobiernos municipales, sin haber coordinado esta labor con estas unidades territoriales que son autónomas”.

“El 23 de abril, la Defensoría del Pueblo presentó un memorial a la Sala Constitucional Primera, en el que hizo constar que intentó, en reiteradas oportunidades, buscar una respuesta del nivel central para cooperar en la problemática de las personas varadas, pero que las autoridades nacionales no habían correspondido a esos esfuerzos”, añadió Cruz.

Asimismo, aseveró que la Defensoría, formalmente y mediante los medios tecnológicos, hizo llegar a las autoridades de Estado las listas oficiales de las personas varadas en otras regiones del país y que a la fecha, según los reportes de las oficinas defensoriales a nivel nacional, los gobiernos Autónomos Municipales ya habrían remitido sus listas al Ministerio de Gobierno, pero que aún no habrían recibido una respuesta.