La presidenta Jeanine Áñez inauguró el "Año Constitucional 2020" en la ciudad de Sucre, y afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe garantizar a los bolivianos que nunca más estará al servicio de intereses oscuros.

"Hoy ustedes tienen la obligación de actuar en correspondencia y deben garantizar al país que nunca más esta institución se pondrá al servicio del poder para beneficiar intereses oscuros", dijo la jefa de Estado.

La mandataria al TCP que brinde garantías a la sociedad y que responda solo a la fuerza normativa de la Constitución y no a intereses hegemónicos de poder de ningún Gobierno de turno. "Bolivia necesita de su institucionalidad democrática, hoy los ciudadanos los están observando y con mucha esperanza, no nos defrauden", dijo.

"Gran parte de la gran crisis que afrontamos en los últimos días se originó en esta polémica sentencia constitucional, lo que deja un mensaje muy claro a este tribunal y en general al Órgano Judicial, que tenemos que añadir una fuerte dosis de institucionalidad, meritocracia e independencia, caso contrario corremos el serio riesgo de concentración absoluta de poder en un solo órgano", advirtió.

La presidenta Áñez garantizó el financiamiento para la construcción de un edificio nuevo en el que pueda funcionar el  TCP con condiciones adecuadas.

El presidente del TCP, Paul Franco, aseguró que la institución está comprometica con el país para darle la "estabilidad social, que precisa, de la tranquilidad que todo ciudadano añora, porque la Constitución instituye el derecho a la paz", indicó.

"Tenemos muchas proyecciones en el Tribunal Constitucional, el sentir común de mi sala plena es que estamos dispuestos a permanecer y cumplir con el rol que la Constitución y las leyes nos imponen. Ejercer el control de constitucionalidad", dijo Franco.

Durante el gobierno de Evo Morales, la oposición denunció que el Órgano Judicial estaba subordinado al poder ejecutivo. Una de sus decisiones más criticadas fue la Sentencia Constitucional 0084/2017 que habilitó al expresidente Evo Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida.

El entonces presidente del TCP, Macario Lahor Cortez, explicó que la Sentencia se basa en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado (CPE), que limitaba la reelección continua de los gobernantes.

El 2018, el TCP rechazó  la posibilidad de anular la sentencia; sin embargo, en diciembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Añez, el TCP admitió la demanda planteada para revisarla. El presidente del TCP, Paul Franco, dijo que su anulación “es una posibilidad”.