La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelaras a favor de María Patricia Arce Guzmán, alcaldesa del Municipio de Vinto, Cochabamba, y sus hijos “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Según el comunicado, la CIDH valoró que el pasado 6 de noviembre, “la señora Arce fue interceptada y retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado y quemado dependencias de la Alcaldía que ella preside (…) Las terceras personas habrían agredido verbal y físicamente la señora Arce durante el trayecto que estuvo retenida por ellos, hasta que pudo ser rescata por la policía y trasladada a un hospital para su valoración y atención médica”.

En ese sentido, la CIDH señaló que a pesar de las medidas que tomó el Gobierno, “no se identificó información que indique cuál es el alcance de su actual esquema de protección, ni se cuenta con elementos que permitan analizar su idoneidad y efectividad, siendo que la señora Arce indicó no contar con ningún esquema de protección tras lo sucedido en noviembre de 2019”.

El comunicado, en esa línea, añade que la CIDH considera que Arce y su familia están en una condición de vulnerabilidad “ante un nuevo evento como el ocurrido, sobre todo, señala el documento, considerando que la Alcaldesa de Vinto inició acciones legales para dar con sus agresores y que continua ejerciendo el cargo edil.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie, Maria Patricia Arce Guzmán y sus hijos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, dice el documento.

Por ello, la CIDH pide al estado boliviano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maria Guzmán, y sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”, concluye el documento.