La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer hoy su decisión de otorgar medidas de protección a la defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, y al delegado departamental defensorial de Cochabamba, Nelson Cox.

“Con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a Bolivia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga; adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan desempeñar sus actividades sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”, señala el comunicado de la CIDH.

Según el organismo internacional, la decisión se sustenta en que se evidenció que las oficinas de la Defensoría del Pueblo, particularmente en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, “lo que ha implicado serios obstáculos e impedimentos para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas pudiesen realizar sus labores debidamente y que personas que buscan ser atendidas por la Defensoría pudiesen acercarse o ingresar con normalidad”.

La CIDH, en ese sentido, señala que para tomar dicha decisión tomó en cuenta la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos, como las Defensorías del Pueblo, “en su rol crucial en la observancia y respeto de los derechos humanos en las Américas y en sus respectivos países”.

“En el presente asunto, la Comisión identifica con especial preocupación los alegados hechos de en la oficina de La Paz y Cochabamba en que, durante las manifestaciones, se habría recurrido a “reacciones verbales con tono agresivo”, con gritos considerados “infamantes a funcionarios de la institución”, buscando generar afinidad política-partidaria de la institución defensorial. Incluso, según los solicitantes, cuando funcionarios habrían intentado ingresar, se habrían presentado empujones y jaloneos hacia ellos”, añade el organismo.

Asimismo, la Comisión también señala que observó que esos hechos estuvieron acompañados de una “campaña de desprestigio, por diversos medios de comunicación, hacia la institución de la Defensoría del Pueblo”.

“Los solicitantes indicaron que agentes policiales habrían brindado declaraciones de desprecio hacia el trabajo de funcionarios de la Defensoría y, particularmente en tonos amenazantes, en contra del Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba. Asimismo, terceras personas se habrían presentado durante tres días consecutivos a finales de noviembre de 2019 en el domicilio particular de Nelson Cox pidiendo que renuncie, hasta altas horas de la madrugada, utilizándose petardos y explosiones estruendosas en las ventanas del edificio y amenazándose a familia y vecinos”, señala documento.

Por otro lado, la CIDH también valora las acciones del Estado boliviano para tratar de resolver el conflicto, en particular, añade el organismo, “el reconocimiento de altas autoridades hacia el rol de la Defensoría del Pueblo en la superación de la situación de conflictividad político-social”.

“Sin embargo, la Comisión advierte que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado no han permitido que los eventos de riesgo cesen, lo que implique que los propuestos beneficiarios actualmente puedan retomar sus labores normalmente”, añade.