La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urgió una investigación internacional ante las “masacres” y “graves violaciones de derechos humanos” que encontró en el país por los conflictos suscitados tras las elecciones anuladas del 20 de octubre.

En su informe, la CIDH da cuenta que 36 personas perdieron la vida durante las últimas semanas en el país y enfatiza su rechazo a las ‘masacres’ ocurridas en Senkata y Sacaba.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”, se lee en el reporte que difundió ayer la CIDH.

Según la Comisión, aquellos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y  que se cometieron en contra de un grupo específico de personas.

 El  informe detalla que el 15 de noviembre en Sacaba “resultaron muertas nueve personas”. En el caso de Senkata se indica  que  el 19 de noviembre “resultaron nueve personas muertas por impacto de bala”.

Por otro lado, la cifra de heridos no está confirmada, pero la comisión estima que "claramente supera las 800 personas" y será "mucho más alto" una vez se analicen los casos de las últimas semanas.

Respecto a la libertad de expresión y los ataques a la prensa, la CIDH da cuenta que del 20 de octubre al 2 de diciembre se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos de 20 medios de comunicación nacional e internacional.

“Dichas agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes, como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, señala el informe.

Asimismo, el documento se refiere a los pedidos de salvoconducto que realizaron exautoridades de Gobierno y critica que no se proceda a su autorización.

“Según fue relatado al equipo de la CIDH, varios funcionarios que conformaron el gabinete de gobierno del Presidente Evo Morales habrían recibido asilo en sedes diplomáticas, específicamente en las de Argentina y México. Sin embargo, según lo relatado, el Gobierno interino se habría rehusado a expedir los salvoconductos que dichos exfuncionarios requieren para salir del país, aduciendo distintas razones, entre ellas, la apertura de investigaciones penales en su contra, o su papel en ciertas negociaciones que están en curso. La Comisión toma nota de la información de que a algunos de los familiares de esos funcionarios se les habrían otorgado salvoconductos, pero a ellos no, lo cual podría afectar la integridad de sus familias”, señala el documento.

En ese marco, la CIDH planteó 16 recomendaciones a las autoridades bolivianas, entre ellas garantizar el derecho de manifestación pacífica, desmantelar los grupos armados, reforzar la Defensoría del Pueblo, "sistematizar" la información sobre las víctimas, para las que ha reclamado "un plan de atención inmediata y reparación integral".

Asimismo, plantea el inicio de "un proceso nacional de diálogo y reconciliación", teniendo en cuenta que "la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas".

Según el informe, la Comisión ha "tomado nota" de la convocatoria de próximas elecciones, como un "factor de distensión positivo" al que solo resta ya poner fecha.

Finalmente, la CIDH hace referencia al decreto 4.100 de indemnización a familiares de los heridos y fallecidos que dejaron los conflictos post electorales y advierte que la norma “no puede jurídicamente cerrar u obstruir el acceso de esas personas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

“El derecho de petición ante el Sistema Interamericano no resulta afectado en su vigencia o contenido por este tipo de medidas de carácter nacional, pues tiene su fundamento en las obligaciones convencionales internacionales del Estado de Bolivia. Más aún, la CIDH resalta que la compensación monetaria es solo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de la violencia electoral en Bolivia; tal derecho a la reparación también les da un título jurídico para reclamar del Estado medidas de satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías de no repetición, ante instancias internacionales y nacionales”, concluye.

El Gobierno acepta la petición de la CIDH

La CIDH también celebró la decisión del Gobierno transitorio de aceptar una investigación internacional independiente sobre las “graves vulneraciones de derechos humanos” que ocurrieron en el país durante la crisis electoral que comenzó el 20 de octubre.

En el documento, la CIDH celebra que su solicitud coincida con la voluntad expresada por el Gobierno interino que expresó en una carta a la OEA que “será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019”.

El Gobierno interino señaló a la OEA que: “Estamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”.