Caso WTC
Redacción Oxígeno
08/10/2019 - 13:56

La Fiscalía amplia la investigación contra la esposa del concejal Siñani por el caso curva de Holguín

La investigación en contra de Maricruz Medrano es por los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, por el caso Curva de Holguín.

Curva de Holguín.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que amplió la investigación en contra de Maricruz Medrano, esposa del Concejal de Sol.Bo, Fabián Siñani, por los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado y Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, por el caso de la Curva de Holguín.

Según información de la Fiscalía, el fiscal Rudy Terrazas amplió la investigación contra Maricruz Medrano porque, como representante legal de la empresa Toyosa S.A. y Crow Ltda y del empresario Edwin Saavedra, presentó ante la Alcaldía paceña los trámites de aprobación de cambio de uso de suelos de la Curva de Holguín, para construir el proyecto World Trade Center.

Terrazas, manifestó que el trámite se trató en el Concejo Municipal de La Paz cuando Fabián Siñani formó parte como concejal y secretario de esa instancia legislativa municipal. "El Ministerio Público, en consecuencia, presume que siendo esposa del concejal y apoderada del grupo empresarial Saavedra, el trámite de uso de suelos en la Cueva de Holguín tenía una finalidad lucrativa o de favorecimiento, hecho totalmente irregular que requiere investigación para llegar a la verdad histórica de los hechos” explicó el fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción tomó la declaración informativa a 17 personas entre concejales y directores de planificación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, desde la gestión de Lupe Andrade, Juan Del Granado y a la actual gestión de Luis Revilla.

El empresario Edwin Saavedra suscribió un convenio en la gestión 2017 con la Alcaldía de La Paz para construir un complejo empresarial denominado Word Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín. El convenio fue derogado por el Concejo municipal a petición del alcalde Luis Revilla, quien argumentó que ponía en duda la transparencia de sus operaciones administrativas.

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