El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, rechazó hoy enfáticamente todas las acusaciones en su contra por encubrir la conformación de un presunto “clan familiar” que operaría dentro de esta cartera de Estado.

El diputado opositor, Amílcar Barral, presentó el martes una denuncia penal contra Cocarico, por encubrir a su hermano Rogelio, detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, tras ser acusado de estafar a una comunidad de menonitas.

Sin embargo, la autoridad dijo que si su hermano fuera parte de una organización delictiva con influencias en el ministerio de Desarrollo Rural y Tierra “no estaría detenido en este momento”. Anunció un proceso penal contra Barral si éste no demuestra las acusaciones que emitió.

“Siempre hemos actuado dentro del marco de la transparencia y les puedo hablar de muchas cosas (delitos) que tiene el señor Barral (...). Que no sea cobarde, mediocre y que tenga moral, le voy a esperar hasta el día lunes para que me inicie el proceso adecuadamente y además me muestre cuál es ese clan y si no lo hace vamos a iniciar el proceso penal correspondiente”, manifestó.

Rogelio fue denunciado en 2017 por el delito de estafa, porque habría pedido 600 mil dólares para la titulación de tierras a la comunidad de Menonitas de Río Negro en Beni; los menonitas habrían adelantado 200 mil dólares.

Barral dijo que tiene pruebas suficientes para demostrar que César Cocarico, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), conocía de los delitos en que estaba implicado su hermano. Para el diputado hay indicios suficientes de que existe una red de corrupción al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Por otro lado, cuatro dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) avalaron con una carta al INRA, en septiembre de 2016, la dotación de 23 mil hectáreas de tierra para la “comunidad campesina” Río Negro, que en los hechos sería una colonia menonita.

Tres de los dirigentes están vinculados a la empresa “ficticia” del hermano del ministro de Desarrollo Rural.

Hugo Nina Apaza, José Amapo Rivero, Isben Quiñones Flores y Teddy Zeballos López firman la nota en una hoja membretada de la Csutcb dirigida al INRA en la que expresan su apoyo para la “dotación ordinaria de tierras fiscales para más de 150 familias de la “comunidad campesina Río negro”, según denunció el diputado Amílcar Barral.

* Los Tiempos