La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó el miércoles que hasta el momento 22 autoridades renunciaron al secreto bancario, entre ellos el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, 11 ministros de Estado, un viceministro, un alcalde y cuatro diputados, además de directores y gerentes de instituciones públicas.

El 2 de agosto último, la UIF dio curso a la renuncia del secreto bancario que solicitaron los mandatarios y publicó el resumen de sus cuentas bancarias y estados financieros en su portal web. Este miércoles se publicaron las cuentas del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y en las próximas semanas se publicaron las cuentas de los solicitantes. 

"Existe una larga lista de autoridades del Gobierno de Bolivia y de gobiernos subnacionales que han presentado su nota pidiendo que se publiquen sus cuentas, renunciando al secreto bancario", dijo Morales a medios estatales.

Los ministros que renunciaron al secreto bancario son de la Presidencia, Alfredo Rada; de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; de Comunicación, Gisela López; de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado; de Economía, Mario Guillén; de Obras Públicas, Milton Claros; de Gobierno, Carlos Romero; de Trabajo, Héctor Hinojosa; de Educación, Roberto Aguilar; de Medio Ambiente, Carlos Ortuño; y de Culturas, Wilma Alanoca.

También el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú. Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, Susana Rivero y Eva Luz Humérez; y del diputado por Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría. Los directores de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Carlos Zambrana; y de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente, María Eugenia Choque; y el gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler.

"El pueblo conocerá las cuentas de sus mandatarios y el pueblo también debería conocer los movimientos financieros, la plata que tienen y de qué viven los políticos, porque si los políticos aspiran, si quieren que voten por ellos, deberían ser trasparentes y mostrar en qué consiste sus ingresos. Si mantienen ocultas sus cuentas, todo el mundo puede suponer que tienen algo que ocultar", remarcó la responsable de la UIF.

Explicó que la Constitución Política del Estado Plurinacional establece, en su artículo 33, que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho a la confidencialidad.

No obstante, dijo que las autoridades públicas pueden renunciar a ese derecho de manera voluntaria, en el marco de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 'Marcelo Quiroga Santa Cruz'.