El ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró el domingo que el juicio que se busca iniciar a Carlos Mesa apunta a recuperar el dinero que el Estado tuvo que desembolsar a favor de la chilena Quiborax, por el laudo arbitral que la firma chilena ganó ante el CIADI. Incluso, apunta a la anotación preventiva de los bienes del exmandatario.

“Básicamente, los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones, porque si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones, entonces alguien ha actuado mal o alguien ha hecho las cosas mal”, dijo después de su participación en el programa ‘El pueblo es noticia’, difundido por medios estatales.

Bolivia pagó a la firma extranjera $us 42,6 millones por un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El Gobierno culpó a Mesa por un “procedimiento ilegal” con el que se expulsó, en 2004, a la empresa que tenía bajo su administración 11 concesiones en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

En ese sentido, Guillén dejó abierta la posibilidad de que el exmandatario pague la deuda, incluso, con sus bienes. Sin embargo, Carlos Alarcón, abogado de Mesa, responsabilizó al Gobierno porque la defensa de Bolivia no invocó la “excepción de protocolo” para poner fin al arbitraje.

La Fiscalía presentó hace dos semanas un requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

El requerimiento debe ser aprobada por la Sala Plena del TSJ para luego ser avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).