El expresidente del Estado, Carlos Mesa, presentó hoy un quinto memorial al Ministerio Público añadiendo nuevos argumentos para que se rechace la proposición acusatoria que presentó en su contra la Procuraduría General del estado por el caso Quiborax.

En sus argumentos, Mesa hace referencia, sobre todo, a la filtración de datos cometida por la exsubprocuradora Carmiña Llorenti y una auditoría anunciada por el Gobierno respecto al caso.

“Constituiría una verdadera aberración jurídica que su autoridad acepte la Proposición Acusatoria presentada en mi contra y de tres de mis Ex Ministros por el Procurador y otras autoridades de la Procuraduría auditadas, si en la conclusión de la auditoría ordenada por el Órgano Ejecutivo, se establecerían indicios de responsabilidad penal de estos u otros funcionarios por la mala defensa de Bolivia en este arbitraje, generadora del daño económico al Estado”, señala Mesa.

Además, la exautoridad resalta y reitera que hubo “deficiencias institucionales de la Procuraduría General del Estado en la defensa” del caso.

“Si la Procuraduría General del Estado no alcanza resultados positivos en la defensa judicial de Bolivia en los arbitrajes internacionales, no está cumpliendo con su rol y misión constitucional, pone en entredicho la razón de su existencia, y se convierte en una institución administradora de gastos judiciales y de negociaciones discrecionales con las empresas demandantes, carentes de eficiencia, objetividad y transparencia”, añade.

Finalmente, resalta las deficiencias de la defensa legal que la Procuraduría realizó del caso, tal como la falsificación de un documento que dio inicio a la demanda.

Y añade que “la base jurídica de la defensa de Bolivia en este proceso arbitral consistía en que las inversiones de NMM y Quiborax eran ilegales y no calificaban bajo los términos de la protección del TBI vigente entre Bolivia y Chile, porque las concesiones que dieron lugar a estas inversiones fueron adquiridas ilegalmente, en violación al ordenamiento jurídico boliviano en su condición de Estado receptor”.