El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, presentó, el lunes, un nuevo memorial al Ministerio Público en el que expone ‘elementos de juicio adicionales’ para sustentar su pedido de que se rechace la proposición acusatoria que presentó en su contra la procuraduría General del Estado por el caso Quiborax.

En su escrito, Mesa señala que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó su cuestionado Decreto Supremo 275689 – que revirtió las concesiones de la empresa Non Metallic Minerals y Quiborax sobre el Salar de Uyuni y que dio pie a la proposición acusatoria de la Procuraduría- y “con esta abrogación la norma cuestionada en la Proposición Acusatoria se extinguió, dejó de existir jurídicamente”.

“La demanda arbitral contra Bolivia se concretó cuando estaba vigente el decreto supremo de Rodríguez Veltzé (mediante el que abrogó el suyo) y no el mío, que en esa época perdió vigencia como efecto de su abrogatoria. En el decreto abrogatorio de Rodríguez Veltzé se dan por bien hechas y ejecutoriadas las resoluciones de la Superintendente de Minas que en mi gestión de gobierno dispuso la anulación de todas las concesiones de Non Metallic Minerals”, señala.

Además, también señala que según el Código de Procedimiento Penal la acción penal iniciada en su contra ya estaría fuera de los plazos establecidos para que se le pueda dar curso.

Antecedentes

El procurador general del estado, Pablo Menacho – en conferencia de prensa junto al ministro de Minería, César Navarro- informó el pasado 7 de junio que Bolivia suscribió un Contrato Transaccional para dar cumplimiento al pago de $us 42,6 millones. El CIADI determinó el pago de 48,6 millones de dólares .

El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita. La empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de dólares como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI).