El Ministerio Público admitió la demanda penal presentada contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por un supuesto sobreprecio de 10 millones de bolivianos en la compra de mochilas con útiles para los escolares de las unidades educativas de esa región, informó el lunes el representante regional de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga.

"La denuncia ya ha sido admitida y lo que ahora corresponde es recabar elementos de convicción para establecer los ilícitos que se han denunciado", dijo.

Recordó que esa denuncia fue presentada por la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roció Molina, y establece que la adquisición del material educativo fue adjudicada a la empresa accidental '26 de Febrero', que obtuvo el lote en China con un costo de más de 2,3 millones de bolivianos, pero la Alcaldía de Cochabamba lo compró por 12,4 millones de bolivianos.

Según Veizaga, esa demanda fue aceptada porque "existen suficientes indicios" para demostrar de manera indudable y con documentación idónea que el proceso de adquisición de los útiles y las mochilas escolares estuvo "amañado".

Recordó que entre las observaciones a esa compra está el pago de 140 bolivianos por cada unidad del material educativo, cuando la empresa gastó sólo 26 bolivianos en su obtención, en China, y su traslado al país.

Sostuvo que se tiene cuestionamientos, también, sobre que la compañía adjudicataria adquirió el lote exacto requerido por la Alcaldía de Cochabamba y hasta le puso logotipos municipales con casi tres meses de anticipación a la convocatoria de la licitación respectiva, el 28 de noviembre de 2017.

"No es concebible que una empresa particular compre las mochilas y los útiles escolares meses antes de que salga la licitación", sostuvo.

Agregó que los indicios existentes hacen necesario que se convoque a declarar por ese hecho al Alcalde de Cochabamba, los miembros de la comisión edilicia de la licitación y la adjudicación y los ejecutivos de la empresa vendedora de los productos educativos.

"Corresponde que se emita las respectivas citaciones a los funcionarios públicos implicados en esto y los particulares que están involucrados en el ilícito", agregó.

La autoridad manifestó, por último, que se espera que la Contraloría General del Estado se pronuncie respecto a un pedido que se le hizo para la realización de una auditoría especial sobre el tema.