La Paz, 30 de julio (Oxígeno).- El procurador general del Estado, Héctor Arce, negó que la destitución de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Mónica Velásquez, haya sido resultado de un cálculo político.

Ambas magistradas fueron acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal,  tras emitir un auto constitucional que puso en suspenso la aplicación de la Ley de Notariado.

Arce se refirió al tema ante la denuncia de las dos autoridades de que el proceso en su contra es una “acción política” por parte de la Cámara de Diputados.

 “Lamento muchísimo que las magistradas, en vez de explicar los alcances de semejante felonía jurídica, recurran a argumentos políticos cuando deben estar sometidos solamente a la Constitución y a la ley; si no, ¿cómo exigir que cumplan sus sentencias o que un procesado común se someta a la justicia?”, remarcó Arce.

En junio, la presidenta de la Asociación de Notarios de Potosí, Norka Soto y la titular del Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, Geovanna Udaeta España, activaron un proceso de juicio de responsabilidades contra Gualberto Cusi, Soraida Chanez y Mónica Velásquez, magistrados del TCP, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014 que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.

“Que ahora se mencione que hay intereses políticos, que la Procuraduría General del Estado está detrás de esto, que se busca la reelección indefinida del presidente Evo Morales, o que se trata de una acción desesperada por controlar un Tribunal Constitucional, son argumentos totalmente inaceptables”, aseguró.

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