Los informes de organizaciones internacionales dedicadas al estudio de la transparencia y la corrupción en el mundo dieron a Bolivia en las últimas entregas un puntaje más bajo del que recibió el año 2010. Sin embargo, subió el puntaje en cuanto a acceso a la información y quejas, aunque el país continúa por debajo del promedio regional.

En el último Índice del Estado de Derecho 2017 – 2018 que realiza World Justice Project (WJP), Bolivia obtuvo el puntaje más bajo en cuanto a corrupción en la región y fue además, su subíndice con menor calificación, llegando sólo a 0.26, cuando hace 8 años la puntuación alcanzada fue de 0.30. Ocupando, además, el último lugar en América Latina y el 110 de 113 a nivel global.

Este factor considera la existencia de corrupción en los poderes ejecutivo, judicial, legislativo y en la Policía y las Fuerzas Armadas. Pero además, el estudio toma en cuenta el acceso a la justicia, tanto civil como penal, en la cual, entre muchos otros factores, contempla la ausencia de corrupción, que llega a puntajes de sólo 0.25 en el plano civil y 0.18 en el criminal. Asimismo, en los informes de Transparencia Internacional sobre Percepción de la Corrupción, pasó de ocupar el puesto 110 de 178 en 2010 al 113 de 176 en el último estudio publicado el 2017.

Sin embargo, Bolivia reportó una mejora en cuanto a Gobierno Abierto con un puntaje de 0.45, siendo el número 24 en la región y 81 a nivel global. Y, aunque continúa por debajo del promedio regional, subió de un puntaje de 0.32 en 2010 a 0.45 en el Índice 2017 – 2018. Este factor incluye subíndices como la publicación de leyes e información gubernamental, el derecho a la información, la participación civil y la existencia de mecanismos de queja.

En Bolivia, se celebra el 8 de febrero como el día de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, que fue declarado el año 2011 mediante el Decreto Supremo 0785. Ante esto, el ministro Héctor Arce emitió un comunicado en el que ratificó la política de “Cero tolerancia al a corrupción” mediante acciones preventivas y punitivas. Además, resaltó los procesos realizados contra autoridades de esta y otras gestiones y la implementación de unidades de transparencia en todas las instituciones del Estado. “Estamos seguros que estas políticas y acciones implementadas se constituirán en ejemplo buenas prácticas para compartirlas con los países de la región y la comunidad internacional en general”, dice el documento.