El Ministerio de Justicia se apersonó hoy al Ministerio Público para exigir una severa investigación de un presunto caso de corrupción y extorsión de la concejal municipal de Cochabamba, Ross Mery Llusco (UD).

“La denuncia del señor(Wilder) Corzo muestra evidentes pruebas que ya no prevén sólo posibles procesos de ética pública que se tramitan al interior de las instituciones, sino que se perfilan temas de corrupción, de beneficio en razón de cargo y de uso indebido de influencias que está tipificado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y se presume que existe responsabilidad penal en contra de esta concejala (Llusco)”, afirmó el viceministro de Transparencia Institucional y de Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez.

En tanto que el abogado del denunciante, Lurwyn Ledezma, informó que la concejal deberá enfrentar un proceso administrativo, uno penal y otro ante la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Cochabamba ante una denuncia por supuestos cobros irregulares por su cargo y cuyo sustento del hecho son los audios de conversaciones.

Según la denuncia, la concejala realizó cobros indebidos de 200 bolivianos mensuales, su aguinaldo y hasta parte del subsidio de lactancia. La grabación comienza con una intervención de Llusco en la que increpa al funcionario por incumplir con sus cuotas, un aporte de 200 bolivianos presuntamente para el partido.