Fondo Indígena
César Sánchez
09/11/2017 - 11:23

Quispe denuncia que Nemesia Achacollo recibió detención domiciliaria

Achacollo deberá pagar una fianza de 200 mil bolivianos para salir de la cárcel de Miraflores, denunció el diputado Rafael Quispe.

La ex ministra Nemesia Achacollo.

El diputado Rafael Quispe informó hoy que el juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzú Carvajal, benefició a la ex ministra Nemesia Achacollo con la detención domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la ex autoridad continúa recluída en el penal de Miraflores ya que aún no ha hecho efectivo el pago de su fianza.

Achacollo, denunciada por casos de corrupción en el Fondo Indígena, deberá pagar la fianza de 200 mil bolivianos para salir de la cárcel de Miraflores, donde permanece desde el 10 de agosto del año pasado.

“Belzu le dio detención domiciliaria en Santa Cruz a Nemecia Achacollo y también debe pagar 200 mil bolivianos para salir de la cárcel, pero antes que el juez el culpable de que se de libertad a una corrupta es el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien en dos años no hizo nada para que avance el proceso”, reclamó el diputado Rafael Quispe.

Quispe, anunció que apelará la decisión del juez y además iniciará un proceso penal en contra del Fiscal Departamental de La Paz por incumplimiento de deberes.

“No hay comisión de fiscales, no hay actos investigativos (…) además este tipo no cumple con los requisitos para ser Fiscal”, señaló Quispe.

Antes de que se le diera las medidas sustitutivas, Achacollo había intentado en otras seis ocasiones la cesación de su detención preventiva.

La ex Ministra de Desarrollo Rural y Tierras es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica debido a que se identificaron irregularidades en la ejecución de distintos proyectos durante su gestión como parte del directorio del ex Fondo Indígena.

El caso estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría detectara unas 153 obras no ejecutadas que causaron un daño económico al Estado por al menos Bs 71 millones.

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