El presidente en ejercicio Álvaro García Linera consideró insuficiente la sentencia de tres años contra los militares que fueron enjuiciados por el caso Misiles Chinos. El jueves se leyó la sentencia y se dio por cerrado el caso que se juzgó en dos años. El Tribunal de juicio determinó también enviar los antecedentes al Ministerio Público para que el ex presidente Carlos Mesa sea investigado por la emisión del Decreto Supremo 28168 de levantamiento del secreto del armamento bélico.

"Ayer los jueces en Sucre han dado una pena de tres años a los que, desde mi punto de vista, son unos traidores a la patria. Hubo ministros, hubo generales que entregaron las armas del Ejército boliviano a los norteamericanos, convirtieron a las Fuerzas Armadas en fuerzas desarmadas", dijo el presidente en ejercicio en una conferencia de prensa.

Fueron sentenciados a tres años de prisión el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez (ausente), el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Marco Antonio Justiniano (ausente), el ex comandante del Ejército Marcelo Antezana y el ex jefe del Estado Mayor, Marco Antonio Vásquez. A dos años de prisión a los coroneles David Torricos y Wilber Sánchez; Víctor Hugo Cuéllar recibió una condena de dos años y medio de prisión.

El ex viceministro Gonzalo Rocabado y al capitán Ernesto Caballero fueron absueltos. Ciro Valdivia Murguía se sometió con anterioridad a un proceso abreviado y fue condenado a dos años de cárcel.

Como las condenas no superan los tres años, ninguno de los acusados entrará a la cárcel; serán beneficiados con la suspensión condicional de la pena y los que fueron condenados a dos años acudirán al perdón judicial.

La Fiscalía solicitó una condena de 30 años de cárcel para los diez acusados, según la sentencia del Tribunal de Juicio los delitos de sometimiento total o parcial a potencia extranjera y revelación de secretos no fueron probados, por lo que los acusados fueron absueltos.

Se condenó a los militares por haber ejecutado la orden de entrega de los misiles chinos a Estados Unidos para su desmantelamiento, omitiendo procedimientos legales, y sin previa autorización de la inspectoría general de las Fuerzas Armadas.

La sentencia firmada por los magistrados Antonio Campero, Rómulo Calle, Gonzalo Hurtado y Rita Nava, dispone la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que el ex presidente Carlos Mesa, que no estuvo procesado en este caso, sea investigado por la emisión del Decreto Supremo 28168 de levantamiento del secreto del armamento bélico.

Según la sentencia, tras la derogación del decreto supremo 27329 del 31 de enero de 2004, que resguardaba con carácter de secreto o confidencial la información relacionada con la integridad nacional y sus medios de defensa, no se incorporó una norma que supliera la misma, dejando un vacío legal con el decreto 28168 del 17 de mayo de 2005, de transparencia y publicidad.