La Cámara de Senadores sancionó ayer el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2017. El documento fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El importe total del PGE es de doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cuatro bolivianos (Bs. 274.879.355.104) y el monto consolidado es de Doscientos diez mil trescientos cuarenta y seis millones novecientos doce mil cuatrocientos sesenta y un bolivianos (Bs. 210.346.912.461).

El debate en la Cámara Alta duró doce horas. La oposición planteó la transferencia de recursos a otro Ministerio, pero el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y  Finanzas, René Joaquino, aclaró que de acuerdo a la Constitución Política del Estado esa no es atribución del poder legislativo.

Sin embargo, el Ministro de Economía, Luis Arce Catacora, explicó que el D.S. 2987 promulgado para combatir el problema del agua, tiene vigencia también el próximo año, “las emergencias no tienen un calendario fiscal”, manifestó.

Agregó que a partir de la promulgación del presupuesto los gobiernos locales podrán reformar sus presupuestos en función de los problemas climáticos. “Vale decir que si hasta el 30 de noviembre ya se tiene promulgada la Ley del Presupuesto General 2017, a partir del 1 de diciembre las gobernaciones y municipios, podrán reformular sus presupuestos 2017 para cubrir exclusivamente temas de agua y no otros temas en el marco del Decreto Supremo, lo que también significa iniciar con las contrataciones en la gestión 2016 (diciembre) con cargo al presupuesto 2017, “eso es lo que está previsto, no hay que hacer ninguna modificación escandalosa y demagógica como señala la oposición”, señaló Arce.

De acuerdo al PGE 2017, el crecimiento del PIB será de 4,8% y que el país tendrá un déficit fiscal de 7,9%. La mayor parte del PIB estará relacionado a la inversión pública, $us 6.189 millones; de esto, el 43% será para el sector productivo, 29,6% para la infraestructura y 22,9% para la inversion social. Asimismo, el 90,9% de las subvenciones será para el sector hidrocarburos, el 6,6% para la subvención de alimentos y el 2,4% para los servicios básicos.

Entre las críticas que recibió el Presupuesto está la disminución en un 12,6% del dinero para universidades, municipios y gobernaciones. Asimismo, La diputada Jimena Costa (UD) criticó que pese al recorte para gobiernos locales,  se destine $us 192,4 millones a proyectos  del Ministerio de la Presidencia sobre infraestructura  de deportes y educación, siendo que emprendimientos de este tipo deberían partir de los ministerios de Educación y Salud y Deportes respectivamente.