El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la Presidente Constitucional del Brasil, Dilma Rousseff y declaró que después de un análisis detallado del juicio político, ha concluido que no se encuadra dentro de las normas que sustentan dicho procedimiento.

“No existe una acusación de carácter penal contra la Presidente, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Esta es en todo caso una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución”.

La declaración se da mientras se desarrolla la primera sesión de tres para decidir si el trámite para un juicio de destitución de la presidenta brasileña llega al Senado. La votación será el domingo. Si el Senado decide darle curso al proceso, Rousseff será separada del poder durante 180 días, tiempo que tendrá la Cámara Alta para realizar el juicio político. Durante ese periodo, Rousseff será reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, también bajo amenaza de juicio.

La declaración del secretario de la OEA resalta:

“un régimen presidencial como el brasileño -y la gran mayoría de los de nuestro hemisferio, salvo el Caribe anglófono-, no puede operar de buenas a primeras como si fuese un régimen parlamentario, intentando la destitución, en este caso de la primera mandataria, por un cambio en la correlación de fuerzas políticas en la coalición gubernamental”.

LA ONU

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, expresó la semana pasada: 

”Brasil es un país muy importante y cualquier inestabilidad política es una preocupación social para nosotros”. 

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también expresó su preocupación. "Renovamos el pedido para garantizar que el Poder Judicial sea respetado, que las instituciones democráticas por las cuales Brasil luchó tanto sean respetadas y no sean minadas por el proceso", dijo.

UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) manifestó hace unos días su preocupación frente al juicio político que pretende destituir a la presidenta Dilma Rousseff.

En el texto publicado en el portal de UNASUR se lee:

“La Presidenta solo puede ser procesada y destituida – revocando el mandato popular que la eligió- por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. Aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas”.