La Paz, 11 de febrero (Oxígeno).- La Contraloría General del Estado y la Asamblea Legislativa  Plurinacional serán las instituciones responsables de investigar el presunto caso de tráfico de influencias en contratos que tiene la empresa China CAMC con el Gobierno. Las indagaciones se abren a pedido del presidente Evo Morales, quien fue acusado de favorecer con contratos millonarios a su expareja Gabriela Zapata, actual gerente comercial de la empresa extranjera.

Hoy, el contralor del Estado, Gabriel Herbas, informó que solicitará toda la información necesaria a las instituciones implicadas en el caso para conformar un equipo de auditores y abogados que se hagan cargo del análisis correspondiente.

“Si no me equivoco están el Ministerio de Obras Públicas, que tendría la mayor parte de los contratos; estaría el ministerio de hidrocarburos, con algunos contratos para YPFB seguramente;  y está el Ministerio de Minería con algún contrato firmado con el tema del litio”, informó Herbas.

Los contratos

El 4 de febrero, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó, desde Palacio de Gobierno, que China CAMC suscribió siete contratos con el Estado por un valor de $us 566 millones en distintas áreas.

La empresa china se adjudicó parte del ingenio azucarero de San Buenaventura cuyo costo es 263 millones de dólares, también un tramo del ferrocarril Bulo Bulo  - Montero por 164 millones  de dólares ya que el tramo completo tiene un valor de 231 millones. Asimismo, cuenta con tres contratos con el proyecto Misicuni sobre sistemas de comunicación para la distribución de energía eléctrica, un vertedero e instrumentos de medición. Esos tres contratos hacen un monto de 58 millones de dólares. El proyecto de Misicuni tiene un costo de 335 millones de dólares.

De todos esos acuerdos, el Gobierno rescindió el contrato de la construcción de un tramo ferroviario Bulo Bulo – Montero por el delito de incumplimiento de contrato.

“Los trabajos que realiza la Contraloría tienen toda la seriedad necesaria, cumplen con todos los requisitos, porque además hay que decirle a la población que el trabajo que hace la Contraloría no se queda en el ámbito de la contraloría, sino que esto va al ámbito judicial”, informó el Contralor hoy.

 La comisión legislativa

Por la mañana, el presidente Evo Morales solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, que  se conforme una comisión especial para que se investigue si es que en realidad existió el tráfico de influencias.

“Pido mediante el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, que organice esta comisión legislativa plurinacional, si creen que hay tráfico de influencias, que investiguen. No tenemos nada que ocultar. Y, si quieren que vengan de cualquier parte del mundo a investigar”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno.

El miércoles, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Movimiento Al Socialismo (MAS) dio a conocer que ya se prepara para comenzar con las investigaciones.

El diputado del partido gubernamental Javier Zavatela informó que se investigarán los contratos y que si es necesario se llegará a investigar el patrimonio de la expareja del presidente Evo Morales.

El Presidente negó el viernes anterior que exista un tráfico de influencias y pidió ambas investigaciones para que la situación se aclare. Las acciones se asumen a pocos días de que los bolivianos acudan a las urnas  para rechazar o aprobar una reforma constitucional que permita a Morales ser candidato el 2019 para la gestión 2020 - 2025.