La Presidenta Añez, a tiempo de endurecer la emergencia sanitaria, nos dijo que:

“Nadie sale y nadie entra del país, salvo sea por razones de seguridad y salud”.

Esta decisión afectó a cientos de familias bolivianas, migrantes que contribuyeron al país los últimos 14 años con mas de 15.000 millones de dólares. El medio millón de bolivianos que trabaja en el mundo para mejorar nuestra economía, de repente se convirtió en apátrida. Las razones de la presidenta Añez se basan en su política de cuarentena y ahora recién podemos entenderla. No tenemos la cantidad suficiente de pruebas para aplicarlas a los bolivianos en la frontera con Chile y menos a los miles de compatriotas que viven en otros países y quieren volver a su patria. Todas las pruebas que compramos aún no llegan y no alcanzarían si es que todos estos bolivianos decidieran volver al mismo tiempo. La realidad muestra que las tasas de desempleo en los paises que los acogen, expulsarán a muchos de nuestros compatriotas, porque las politicas contra los migrantes son crueles e inhumanas. Sobreestiman y honran al MAS los que sostienen que todos esos bolivianos son masistas, aunque seguro que lo serán después de la forma como los tratan; pero por sobre todo son bolivianos que tienen absoluto y total derecho de volver a la patria.

Imaginemos que los bolivianos del Campamento Tata Santiago, a tiempo de llegar al país fueran sometidos a la prueba del COVID-19 en una de las 23 máquinas automatizadas de GeneXpert Systems fabricadas por el Laboratorio Cepheid. El Gobierno de transición está comprando 10 máquinas que reforzarán el trabajo de las 23 que se compró en los 14 años pasados para los Programas de Tuberculosis y VIH. Decía que imaginemos, porque la FDA aprobó el primer examen rápido del COVID-19 recién el 21 de marzo de 2020, por tanto ni el Gobierno de Añez, ni el de los 14 años podrían haber comprado esas pruebas antes de esa fecha. Ahora, el Embajador Mohamed Mostajo nos informa que fuimos de los primeros países en pedir 200.000 pruebas a un costo de 19,80 $us por prueba.  Es un país muy miserable el que no es capaz de tratar con un mínimo de reciprocidad y gasto urgente a los bolivianos que aportaron tanto al país y siguen haciéndolo sin que les demos ninguna ayuda y cuando llegan no confiemos en su palabra. Los tratamos como personas capaces de mentirnos y de pretender enfermar a sus familias, es indignante la manera en que nos hemos comportado con ellos.

Volvamos a la realidad, resulta que contamos con 27.000 pruebas de PCR (de acuerdo al mismo Embajador Mostajo) y hemos comprado 250.000 que llegarán pronto. Solo que hay una limitación con estas pruebas, de acuerdo a la prestigiosa Clínica Mayo la PCR:

“…es más útil cuando muestra un resultado positivo, pero es menos productiva para descartar la COVID-19. Un resultado negativo en la prueba no siempre significa que la persona no tiene la enfermedad …”.  (texto completo)

Es decir que nos ayuda a confirmar que una persona está enferma, a declarar un positivo al COVID-19, pero no es tan eficiente para señalar un resultado negativo, es decir que estás sano. Entonces, si aplicáramos la PCR a los 450 bolivianos del campamento Tata Santiago, el resultado podría haber dejado muchos “falsos negativos”. Entonces, la decisión del Gobierno fue dejar a los 450 compatriotas, 14 días aislados en cuarentena. Esto porque en ese periodo de tiempo aparecerían los síntomas de la enfermedad, temperatura alta, tos, pérdida del olfato etc.  Parece lógico, si es que no fuera porque el COVID-19 es una enfermedad nueva de la que aprendemos cada día y al parecer el 85% de los contagiados son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Sin pruebas y con tal porcentaje de pacientes asintomáticos, la Cuarentena sin pruebas solo ralentiza la ocupación de los hospitales.

La situación del Campamento Tata Santiago, la vivimos ahora todos los bolivianos, estamos en un gran campamento y no tenemos las pruebas suficientes para que el aislamiento sea útil. La realidad es que una vacuna aplicable a Bolivia nos llegará en el mejor escenario posible, el primer semestre del próximo año. No existe un tratamiento probado, los 200 kilogramos de hidroxicloriquina China que fueron importados por el Laboratorio IFA, están aprobados para otro tipo de enfermedades y han causado la muerte de pacientes de COVID-19. Aún no está aprobado un protocolo y un tratamiento seguro; aunque sin duda la humanidad va en camino a lograrlo. La ciencia médica es un ejemplo de constancia, trabajo colaborativo e innovación digno del mayor reconocimiento. Un tema esencial es que los médicos y las enfermeras cuenten con todos los elementos de protección y que procesemos con la mayor firmeza y contundencia a cualquiera que los discrimine a ellos o sus familias, son unos héroes que solo merecen admiración.

La “cifra negra” de enfermos y muertos por COVID-19 es una realidad porque estamos aprendiendo de esta enfermedad y no registramos a todos los muertos, las autopsias y las pruebas a los muertos aún son un sueño en Latinoamérica.  Hay cosas que llaman la atención, Sudáfrica ha realizado 126.937 pruebas y tiene solo 58 muertos, lo pongo como ejemplo porque los bajos números de muertos en África podrían explicarse por la falta de pruebas, excepto en Sudáfrica que muestra una constante y curiosa baja cantidad de enfermos y muertos. La segunda constatación es que los Sistemas de Salud entregados a los privados, como ocurre en USA o Italia, presentan los peores resultados; contrariamente un modelo solidario como el SUS boliviano muestra mejores resultados.  El discurso de los 14 años de Evo en la Salud debe ser matizado por la resistencia de los Sindicatos Médicos, la corrupción en las Cajas de Salud y las huelgas, ante cada cambio propuesto, de la dirigencia de los mandiles blancos. Nadie puede lavarse las manos, recuerdo que cuando abrogaron el Código del Sistema Penal, no les interesó en lo mínimo la crisis de la justicia y el desastre que tenemos ahora, lo importante era derrotar a Evo y a los masistas, aun si ellos mismos se dañaban.

Lo que viene ahora, requiere de un PLAN serio y proactivo de solidaridad. La crisis económica que se viene necesita de la redistribución de los recursos, de innovación y de un compromiso de todos los bolivianos de sentir y entender que estamos en el mismo barco, pititas y masistas. En la Justicia hemos asumido el reto, las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, aún tímidamente, han aceptado la ciudadanía digital, las audiencias virtuales, la notificación por Whatsapp y la presentación digital de las acciones constitucionales de control normativo.  Es un sueño, luego de años de tratar que abogados y jueces asuman la urgencia de ver a los ciudadanos como personas y a los expedientes como problemas de seres humanos, estamos logrando que el teletrabajo sea una realidad. Aún falta mucho, pero sin duda, los abogados y jueces tenemos que marcarle a la sociedad el camino para salir de la crisis, ahora más que nunca necesitamos que la conciliación, la mediación y el arbitraje sean la solución a los conflictos. Ahora más que nunca, debemos eliminar el hacinamiento en las cárceles y darles un hogar a los más de 15.000 niños que están dramáticamente solos en todos los hogares institucionales.

Ahora es el momento de solucionar la crisis política y llegar a elecciones. No puede ser que por la crisis del COVID-19, neguemos nuestra Constitución y la posibilidad de elegir a nuestros líderes. El presidente es el que gana en las urnas y la transición solo puede durar 90 días, como manda el art. 169 de la Constitución. Cada día es más urgente salir de la crisis política y romper con el egoísmo de creer que lograremos algo solos. Es tiempo de unidad y no de encarcelar, no es tiempo de pisotear la Constitución, cada día que se vulnera los derechos humanos de los que no pueden defenderse, están alejando la solución, una salida justa. La mayoría del país hablará en las urnas, cuando le quiten la mordaza y el grito que se escuchará esta vez debe ser administrado con sabiduría y unidad, sin revanchas y con la mano extendida para todos. Ni la Asamblea Legislativa, ni el Tribunal Supremo Electoral deberían olvidar que las crisis se solucionan con diálogo interinstitucional, nunca con acciones unilaterales que no respetan la Constitución y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.