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Roberto Ossio Ortube
20/01/2019 - 11:06

El Desastre Ambiental de Alpacoma

El desastre ambiental provocado en la zona de Alpacoma de la ciudad de La Paz, responde al descuido, a la improvisación y a la falta de control de quienes son los concesionarios para la prestación del servicio, como de los responsables del seguimiento y fiscalización de servicios públicos indispensables.

El año 2007 en cumplimiento de funciones públicas, el suscrito columnista tuvo la oportunidad de conocer y visitar el área de tratamiento de residuos sólidos de la zona de Alpacoma en la ciudad de La Paz. Allí se pudo observar en ese entonces un trabajo febril, laborioso y ordenado por parte de los funcionarios de la empresa concesionaria, con bastante maquinaria que apisonaba y compactaba la basura. Uno de los operarios tuvo la amabilidad de mostrarnos a todos los presentes, el proceso de concentración y acumulación de residuos, en áreas debidamente organizadas, con separación de deshechos y lugares que tenían chimeneas y lagunas artificiales por donde salía un líquido de olor muy fuerte y fétido, que se explicaba era resultado de la degradación de los sólidos. El trabajador manifestó orgullosamente, que este era uno de los mejores lugares de tratamiento de basura de Latinoamérica y en atención a lo efectivamente observado, no quedó duda de que así era, puesto que, por ese entonces, con sus problemas y defectos, la ciudad de La Paz se mantenía meridianamente limpia y sin mayores contratiempos.

Lamentablemente todo cambia y las administraciones también. En la segunda semana de enero de 2019 se produjo un deslizamiento en la zona de Alpacoma, provocado por el colapso de uno de los muros que contenía los pozos de acumulación de residuos, desplazándose cerro abajo, una masa infecta de quince mil toneladas de basura, afectando a siete zonas de la ciudad, con el gran riesgo de contaminar agua y suelo. El Ministerio de Salud en atención a lo anterior ha determinado declarar como desastre ambiental lo ocurrido y solicitó se determinen responsabilidades en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, puesto que no se trata de un hecho fortuito causado por la naturaleza, sino por inacción de la empresa concesionaria TERSA en tareas de prevención y contención, evidenciadas por los reclamos de los vecinos quienes advirtieron de esta circunstancia sin recibir respuesta.

La gestión municipal de Luis Revilla Herrero, desde que se hizo cargo de la alcaldía de La Paz, fue objeto de un sin número de observaciones, lamentablemente sus labores fueron de regulares a malas, con pocos aciertos y muchísimos errores. En este tema específico de la basura y el desastre provocado en Alpacoma, existen muchas interrogantes sin respuesta:

  1. La licitación “pública” recayó en una empresa denominada TERSA que fue formada de la noche a la mañana, totalmente improvisada y carente de experiencia, con muchísimas dudas y anomalías sobre la conformación e identidad exacta de sus accionistas y los posibles intereses y beneficios que podrían estarse generando para terceros particulares. Estas circunstancias no fueron develadas ni esclarecidas hasta el momento. El reflejo de ello fue que los primeros meses de inicio de operaciones, la basura era recogida en escuálidas y destartaladas camionetas, justificadas por el alcalde y su entorno alegando “que se debía tener tolerancia hasta que llegue la maquinaria nueva de recojo”.
  2. Se sabe que la ciudad de La Paz por su topografía y geología es compleja y propensa a deslizamientos. Conociendo estas circunstancias, se evidencia que la concesionaria, la empresa TERSA, NO realizó ningún trabajo de estabilización o prevención oportuno, dejando todo al azar, sin inspecciones o verificaciones de rutina. Y el alcalde y el GAMLP obviamente más ocupado en otras actividades innecesarias hasta triviales (“desfile navideño”, “mi primer amor”, “postulación presidencial frustrada”) pecaron de omisión y negligencia culposa. Dentro el enorme e inflado entramado burocrático municipal actual, de más de ocho mil funcionarios , se supone que existe una Secretaría de Infraestructura o Medio Ambiente o una Dirección de Fiscalización encargada de verificar los trabajos civiles que se realicen en el municipio, mucho más si ya los vecinos alertaron de rajaduras en los muros de contención de la planta de Alpacoma; sin embargo, el munícipe con la laxitud y palabras gastadas a la que nos tiene acostumbrados, salió del paso con explicaciones infantiles y condescendientes con los afectados, faltándole el respeto a la ciudadanía.
  3. Sin embargo, las irregularidades no se limitaban a ello, el contrato de concesión de TERSA establece que, debía construirse una nueva planta de tratamiento, misma que hasta el momento no se evidencia en su emplazamiento, más allá de lo que existía en 2007. A ello se debe sumar que el acceso para la maquinaria y carros recogedores, debió ser asfaltado bajo responsabilidad del concesionario, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado trabajo alguno, permaneciendo el polvoriento y maltrecho camino de tierra, siendo una de las áreas más abandonadas e insalubres del municipio (algo ya común en La Paz en todas sus zonas y estas no son de la periferia). ¿Por qué no se exigió el cumplimiento de estas obligaciones? ¿Qué hace el Concejo Municipal en su labor de fiscalización? Paradójicamente, una de las muchas excusas de TERSA para el problema actual, es justamente que su maquinaria se arruina con el camino de tierra y no puede llegar al lugar del siniestro.
  4. Asimismo: ¿Bajo qué mecanismo se extendió el contrato de concesión con TERSA que ya no es de diez años sino por veinte años? ¿Quién se benéfica con esto? Desde luego la ciudad NO, por el pésimo trabajo y los resultados que son paupérrimamente desastrosos y se hacen tangibles con este desplome que no es resultado de un desastre natural sino al descuido: rajaduras y filtraciones de muros que no fueron verificados por el concesionario y el GAMLP. Se supone que todo contrato administrativo tiene una contraparte que realiza seguimiento y control para su cumplimiento.
  5. Téngase presente, además, que el GAMLP para lo que le es conveniente, es estricto y draconiano y para otros aspectos es altamente permisivo, por ejemplo, las microempresas de recolección de basura fueron fiscalizadas con inusitada implacabilidad, ahogándolas con multas hasta obtener la recisión de sus contratos, para luego contratar por excepción a TERSA, pagando un precio triplicado por tonelada de basura. ¿Cuál el beneficio para la ciudad? o en pocas ¿Quién se benefició?
  6. Ahora, los hechos demuestran el grado de irresponsabilidad e improvisación de una deficiente gestión municipal y una mala e inexperta empresa improvisada: quince mil toneladas de basura esparcidas en un área de siete hectáreas, una masa putrefacta y nauseabunda que afecta a por lo menos siete zonas y que generó como reacción casi lógica el cierre de los accesos hacia Alpacoma por parte de vecinos y comunidades cercanas, que lamentablemente tienen razón al no querer ya tolerar semejante catástrofe, un foco de contaminación e infección sin precedentes, que es visto con demasiada simpleza por el alcalde, que dicho sea de paso, ni apareció por el lugar, seguramente por falta de valor para enfrentar el problema mayúsculo que ocasionó por su desidia y descuido generalizado de la ciudad.
  7. Agravando lo anterior, los fosos de acumulación pueden estar rajados en sus bases y eso significará que puedan filtrarse líquidos y residuos químicos en descomposición, tanto a las aguas como al suelo, contaminándolos, en pocas palabras envenenándolos. Revilla con su conocida prepotencia y suficiencia ignorante, alega que se “construyeron muros de contención y diques y que la situación está controlada”, sin percatarse que el agua o los líquidos buscan su curso natural filtrándose por gravedad a través de las diversas capas superficiales de la tierra buscando su curso.
  8. El entorno de Revilla tiene confianza que no se generará un mecanismo efectivo de fiscalización, debido a que en el Concejo Municipal de La Paz tiene mayoría de concejales de SOL.BO, cuyo único mérito para estar allí no emerge de representatividad puesto que es nula, probidad profesional o técnica de ninguna naturaleza (son tan intrascendentes que se desconoce siquiera quienes son), sino meramente fundados en razones políticas, sin que se les reconozca obra o logro intelectual o académico alguno. La mediocridad de “los concejales”, seguro pretenderá pasar de largo el grueso problema en el que se encuentra metido el ejecutivo edil. Tal es su intrascendencia y desatino como supuesto ente fiscalizador, que se limitaron a exigir al Defensor del Pueblo una acción popular (¿?) para que se deje entrar nuevamente a los camiones recogedores de basura al área de Alpacoma, cuando su labor obvia era apersonarse al sitio, negociar con los pobladores lograr un acuerdo consensuado a mediano plazo y otorgar soluciones y garantías plausibles. Paralelamente, era su obligación generar inmediatamente una petición de informe escrito y oral, remitiendo a las instancias correspondientes al o los responsables. Sin embargo, sabemos que NO LO HARÁN por motivos por demás obvios.
  9. Revilla arguye que no es un desastre medioambiental porque “todo está controlado” SIENDO FALSO. Hoy sábado 19 de enero de 2019, las calles de La Paz, empiezan a rebosar de basura y seguramente la situación empeorará con el transcurso de los siguientes días. Asimismo, cual es la solución que se obtuvo hasta este momento: NINGUNA, los camiones de recojo siguen sin poder ingresar a la zona de Alpacoma y los estudios preliminares señalan que la limpieza tardará TRES MESES, si es que los comunarios afectados los dejan entrar en estos días. Y los vecinos no permiten la entrada o salida de maquinaria de apoyo y mucho menos los camiones cargados de basura.
  10. Un proceso de auditoría tiene plazos y procedimientos que tomarán su tiempo y el GAMLP lo sabe, por eso pretenderá diluir responsabilidades hasta hacer creer que este es un mero impasse circunstancial, añadiéndose a ello el manifiesto encubrimiento e inacción de un Concejo Municipal servil e inoperante. Revilla se conforma con repetir que se aplicarán sanciones administrativas a la empresa cuando los efectos para la ciudadanía no lo son, puesto que se ha comprometido la salud y seguridad de la población paceña. Se sabe que la Contraloría General del estado y peor Auditoría Interna de la Alcaldía se pierden en marismas y complementaciones procedimentales y de forma, que se diluirán con el tiempo. Sin embargo, la Ley 1178 en actual vigencia tiene mecanismos que podrían ser aplicados en forma inmediata:

Artículo 34º.- La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal.

Artículo 35º.- Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos ante el Ministerio Público.

Salvando las distancias, las posibles connotaciones y evidencias, LA SALUD DE LA CIUDADANÍA DE LA PAZ es tan o más importante que las mochilas irregularmente adquiridas en el Municipio de Cochabamba y que son objeto de una investigación penal.

11.Corresponde por tanto a la Asamblea Plurinacional del Estado, a través de la comisión correspondiente convoque al Alcalde Revilla y en base a las respuestas y evidencias que se acumulen, se remitan antecedentes al Ministerio Público al existir evidentes indicios de RESPONSABILIDAD PENAL EN SU ACCIONAR , más específicamente por la presunta comisión de los siguientes delitos de ORDEN PÚBLICO, por acción y omisión:

OTROS ESTRAGOS tipificado en el Artículo 207 del Código Penal: El que causare estrago por medio de inundación, explosión, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso de destrucción, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA: Incurrirá en privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, el que:

9) Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.

11) Vertiere lixiviados generados en sitios de disposición final, en cuerpos o cursos de agua, así como el que disponga residuos no establezca botaderos adyacentes a cuerpos o cursos de agua, afectando la salud humana o la seguridad alimentaria, y no haya implementado medidas correctivas y de reparación.

Desde luego no es el único responsable, existen muchos otros que son coparticipes en diversos grados de responsabilidad por culpa y negligencia en sus funciones específicas entre ellos: la Secretaría de Gestión Ambiental, la Secretaría de Infraestructura y su dependencia la Dirección de Fiscalización y por supuesta la empresa concesionaria TERSA.

Seguramente se argüirá que este es un “ataque interesado y político” nada más alejado de la verdad, es una observación imparcial, objetiva y fundamentada de un ciudadano común e informado, respecto a una deficiente gestión municipal, que no tiene ni el mínimo parecido a la de su antecesor Juan Del Granado quien con sus aciertos y fallas, con menos recursos , menos funcionarios y peores problemas (téngase presente el DESASTRE NATURAL del 19 de febrero de 2002) hizo una gestión aceptable, austera y eficiente, logrando resultados que se hicieron notorios con el transcurso del tiempo.

El Ministerio de Salud NO exagera al señalar que lo acontecido en Alpacoma es un DESASTRE AMBIENTAL DE GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS PARA LA CIUDAD DE LA PAZ, hecho nocivo que afectará a toda la población de la urbe directa o indirectamente, tarde o temprano. Cerrar los ojos ignorando el problema o siendo contemplativo con la gestión de Revilla, es simplemente ser irresponsable con el futuro de otras generaciones por el mal uso de los recursos y la elección de malos administradores públicos.

Finalmente se concluye que este es un hecho fue originado no por circunstancias imprevistas provocadas por la naturaleza, sino que responde al descuido, a la improvisación y a la falta de control de quienes son los concesionarios para la prestación del servicio, como de los responsables del seguimiento y fiscalización de servicios públicos indispensables. 

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